Un escaparate de un comercio con un maniquí y un termostato
Vox lleva ante el Constitucional el decreto energético del Gobierno que limita la temperatura
El partido que preside Santiago Abascal denuncia que la norma ataca la libertad de circulación de los españoles y la libertad de empresa
El partido que preside Santiago Abascal ha presentado este viernes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto energético aprobado por el Gobierno el pasado agosto, el Real Decreto-Ley 14/2022 al considerar que impone un «confinamiento energético» por limitar la temperatura y que afecta a la libertad de circulación y de desplazamiento, así como a la libertad de empresa.
«El Gobierno quiere decirles a los españoles si tienen que pasar frío en invierno y calor en verano. Esto es absolutamente inaceptable», ha señalado frente al Tribunal Constitucional el diputado de Vox José María Figaredo, que ha criticado además que, como en otros casos, este decreto contiene «todo tipo de normas jurídicas mezcladas». Así lo ha declarado ante los medios tras presentar el recurso, acompañado del vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith, y la vicesecretaria jurídica nacional, Marta Castro.
Los de Abascal entienden que este decreto adopta un conjunto de medidas inconstitucionales, en materia de regulación del contrato de transporte terrestre de mercancías, en materia aeroportuaria y de las medidas de ahorro energético.
Uno de los puntos que Vox recrimina al Gobierno es el artículo 29 del Real Decreto, relativo al plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, del que denuncia que «afecta, mediante limitación, a derechos y libertades» recogidos en el título I de la Constitución. En este punto, se encuentran entre otras medidas la limitación en el umbral de temperatura a 19 grados los recintos con calefacción y a 27 grados en el caso de los espacios con aire acondicionado, o también la obligación de apagar el alumbrado de escaparates y edificios públicos a las 22:00 horas.
Así, Vox considera «improcedente» que el Ejecutivo pueda obligar a los particulares a reducir su consumo energético, señalando, en este sentido, que «si se admitiese este principio en el ámbito de la energía, debería concluirse que los poderes públicos tienen facultad de racionamiento en cualquier sector económico».
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