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29 de marzo de 2024

Pedro Sánchez, durante su intervención en el Senado

Pedro Sánchez, durante una intervención en el SenadoEFE

Se debate este semana en el Senado

Expertos detectan «graves deficiencias» en el proyecto de Sánchez de protección a denunciantes de corruptos

WIN y The Signals han alertado de «graves deficiencias» en el proyecto de ley del Gobierno de protección de denunciantes de corrupción

La Red Internacional de Denuncias WIN, Whistleblowing International Network, la organización de apoyo a investigaciones de mala conducta empresarial y abusos de derechos humanos, denuncia en una carta con carácter de urgencia a la Comisión Europea que considera el proyecto de ley es «disfuncional» y «poco claro» en aspectos sensibles y que «viola» y «socava» aspectos clave de la directiva.
Esta semana se debate en el Senado dicho proyecto, que pretende transponer al ordenamiento español una directiva europea para proteger a las personas que informen de prácticas corruptas en administraciones públicas y empresas y evitar que sufran represalias.
Según Xnet, una plataforma para la defensa de los derechos digitales y democracia en red, miembro de WIN, expertos de estas organizaciones internacionales alertan de que de ser aprobado el proyecto en su actual versión, sin las enmiendas que la primera plataforma ha trasladado a los grupos políticos en el Senado, la ley «podría ser desastrosa para los informantes».
Explica que el proyecto de ley «solo protege la denuncia de delitos graves y muy graves dejando fuera infinidad de otras conductas cuando la directiva estipula la protección a los alertadores de abuso de poder o de cualquier asunto que amenace o perjudique el interés público».

Falta de voluntad política

Además «solo protege a los alertadores que sigan los canales oficiales cuando la directiva no lo especifica en ningún momento, no ampara de las represalias por revelar información que ya está en el registro público y no elimina la responsabilidad penal, hecho que dejaría sin protección a muchos casos como los de Snowden, Falciani y las tarjetas black», añade.
Agrega que «otorga a una nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante amplios poderes de investigación sin mandato judicial, no establece requisitos técnicos para los sistemas de denuncia discriminando a quien lo hace de forma anónima a pesar de que la ley debe admitir el anonimato en igualdad de condiciones y abandona a su suerte a las organizaciones que ayudan a las personas que informan».
Xnet denuncia la «falta de voluntad política para enmendar un proyecto de ley que pone en riesgo los derechos de los alertadores justo en estos días en los que por segundo año consecutivo España ha vuelto a empeorar en el grado de percepción de la corrupción según el informe anual de Transparencia Internacional».
En este sentido lamenta que «esta ley, que debería ser una herramienta clave en la lucha contra la corrupción», pueda acabar siendo «un mero trámite para cumplir con la transposición que exige la Unión Europea, con retraso y por debajo de los estándares que estipula».
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