Sánchez vuelve a indignar a jueces y magistrados con las «presiones» por investigar a su mujer y a su hermano

Por primera vez desde que llegase al cargo, el pasado mes de septiembre, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha tenido que recordar al presidente del Gobierno que la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.

En un durísimo comunicado, emitido este viernes, Perelló contestaba a Pedro Sánchez tras acusar al principal partido de la oposición, el PP, de estar en «connivencia con los jueces» y «actuar con las cartas marcadas» en las investigaciones que acorralan al Gobierno y a su entorno, por corrupción.

Y es que, las gruesas acusaciones vertidas por el inquilino de Moncloa contra «el normal funcionamiento de las instituciones», entre el que se incluye que los jueces «puedan ejercer su labor constitucional sin presiones, más o menos veladas, del presidente del Gobierno», han provocado la reacción de los miembros de la Magistratura, cada vez más cansados de las insinuaciones que se vierten contra ellos desde la izquierda por rastrear los indicios que apuntan a presuntos delitos graves de personas, en algunos casos, muy próximas a Sánchez.

No es la primera vez desde que el líder de los socialistas iniciase la segunda legislatura del Gobierno, con el fiscal general del Estado condenado por «desviación de poder» y, actualmente, imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, en el que el proceso de erosión del Estado de Derecho, a través del ataque directo a una de sus patas de apoyo, lleva a los expertos a alertar sobre el peligro de «convertirnos en un Estado fallido, incapaz de garantizar la justicia y la estabilidad social».

«Hay que dejar trabajar a los jueces, sin presiones ni señalamientos», declaraba el portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, para quien resulta sumamente grave todo lo sucedido. «Son acusaciones veladas gratuitas que no se sostienen más que en el puro interés personal o partidista, sin ninguna prueba de ello más que el hecho de que los jueces están haciendo su trabajo: investigar las denuncias y querellas que se interponen», apuntaba Portillo.

Y es que, desde el entorno asociativo que, en tantas ocasiones han criticado este tipo de manifestaciones públicas –las cuales, en los últimos tiempos, se han hecho tan habituales desde ciertos sectores políticos y mediáticos– se han visto en la obligación de aclara2 algo tan básico como que «no existe connivencia alguna» entre los miembros de la Magistratura y los posibles intereses políticos de algunas formaciones en la instrucción de las causas más perjudiciales para el Ejecutivo.

Este tipo de «insinuaciones lamentables» vertidas para «desprestigiar» a los jueces, especialmente «cuando provienen del máximo representante del Ejecutivo, socavan de forma muy grave y preocupante la confianza de la ciudadanía en la independencia e imparcialidad de los jueces»; y, sobre todo, no los definen «por mucho que el relato» de Sánchez se haya centrado en deslizarlo una y otra vez desde que, acordada con Junts la amnistía, y aceptaba el lawfare.

«Dejar caer que los jueces que están investigando al fiscal general del Estado que él nombró y al entorno de su partido/Gobierno lo hacen por estar en connivencia con el partido de la oposición es el discurso populista que ya hemos escuchado, entre otros, del presidente Trump», afeaban algunos miembros del entorno asociativo del Poder Judicial