El pacto inconfesable de Canarias provoca el plante de las comunidades del PP

Ni siquiera el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fue capaz de explicar ayer el acuerdo, o principio de acuerdo, que él mismo alcanzó el jueves con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para el reparto de 4.500 menores extranjeros no acompañados, 4.000 de ellos desde Canarias y 500 desde Ceuta. Ni él ni tampoco ella. Ambos negaron que Cataluña y el País Vasco vayan a quedar excluidas, pero, a la vez, ambos defendieron que es justo reconocer el «esfuerzo previo» que han hecho algunas comunidades. Así, en abstracto.

Ni el Gobierno central ni el Canario distribuyeron tampoco ni un solo papel sobre esos «criterios técnicos» que, supuestamente, se aplicarán a la hora de esta distribución puntual. Tampoco concretaron las cuotas ni si se aplicarán a través de un decreto ley, de una reforma de la Ley de Extranjería o de algún otro artefacto legal. Lo único que explicaron fue que los criterios se asemejan mucho a los acordados en 2022 con las autonomías: población y dispersión de ésta, renta per cápita de sus habitantes, desempleo y, la novedad, ese esfuerzo previo. Explicaron eso y que hay que seguir trabajando.

La opacidad del Ejecutivo sobre lo realmente pactado con el presidente Clavijo y las evasivas de la ministra Rego del tipo «hay que dimensionar de una manera equilibrada el sistema de acogida» provocaron este viernes una reacción en cadena de las comunidades gobernadas por el PP. Una tras otra, todas se plantaron ante la posibilidad de que el Gobierno deje al margen a Cataluña y el País Vasco.

«Nada sabemos las comunidades de ese acuerdo ni de ese reparto de menores extranjeros no acompañados. Esta es la tónica del Gobierno de España, de Pedro Sánchez: tomar decisiones de espaldas a aquellos que estamos gestionando el territorio«, se quejó el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. «No vamos a admitir que esa quiebra del principio de solidaridad y de igualdad, que se ha tenido también con la financiación autonómica y con una financiación privilegiada para Cataluña, se repita en esta crisis migratoria para la que el Gobierno de Sánchez no ha tenido absolutamente ninguna política», advirtió la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero.

Por su parte, la portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, tildó de «miserable» la actitud de Pedro Sánchez. «Una vez más vemos cómo utiliza a los más vulnerables, a los menores migrantes no acompañados, para mantenerse un día más en la Moncloa», sostuvo. «Éste es el ejemplo de que en realidad no tenemos Gobierno en España, lo que tenemos es simplemente una máquina pagadora de los partidos independentistas», lamentó el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Las palabras de la ministra Rego negando la mayor no infundieron tranquilidad entre los presidentes del PP. Al contrario, puesto que quien también habló fue el secretario general de Junts, Jordi Turull, y mucho más claro que ella: «Cataluña no puede formar parte del café para todos» en la gestión de la inmigración, señaló. «No puede ser una más de 17 en esta cuestión», añadió. También desde el PNV saludaron el acuerdo. La consejera de Derechos Sociales vasca, Nerea Melgosa, lo calificó de «buena noticia».

La reforma de nunca acabar

Hace casi siete meses que el Congreso rechazó la reforma de la Ley de Extranjería con la que el Gobierno pretendía obligar a las comunidades a asumir cupos de menores extranjeros en caso de sobresaturación de una autonomía, puesto que hasta ahora todos los repartos han sido voluntarios. Votaron en contra el PP, Vox y Junts. El partido de Carles Puigdemont, porque pretendía que Cataluña no estuviera incluida en la norma; el de Alberto Núñez Feijóo, porque no quería que el Ejecutivo pudiera decidir unilateralmente a qué comunidades y cuántos menores enviaba. Puesto que la mayoría de ellas están gobernadas por el PP.

Desde entonces, el Gobierno ha sido incapaz de encontrar una salida a la crisis de los menores extranjeros hacinados en Canarias y Ceuta, algo de lo que siempre ha culpado al PP y nunca a Junts (exactamente igual que cuando fue derogado el primer decreto ómnibus). Con el tiempo, el Ejecutivo asumió que no iba a poder llevar a cabo una reforma estructural de la Ley de Extranjería y decidió que la única solución era parchear: pactar un reparto puntual. Pero ni eso le está resultando sencillo, porque incluso para un decreto ley del Consejo de Ministros necesita el apoyo del PP o de Junts para su posterior convalidación en el Congreso.

Según EFE, el Ministerio de Juventud e Infancia redactó un informe a finales de 2025 en el que señalaba las autonomías que debían crear más plazas para menores. Según ese documento, la Comunidad de Madrid tenía que habilitar 1.145 plazas nuevas; Andalucía, 839; y la Comunidad Valenciana, 764. En el lado contrario situaba a Cataluña y el País Vasco.