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Santiago Abascal y Pepa Millán en el Congreso de los Diputados

Santiago Abascal y Pepa Millán en el Congreso de los DiputadosEuropa Press

Vox exige al Gobierno que haga pública la rescisión del contrato con Israel y explique las razones

El partido quiere saber si el Ejecutivo prevé romper o evitar «toda relación contractual» de productos o servicios de seguridad procedentes de ese país

El grupo parlamentario de Vox ha registrado una serie de solicitudes de datos, informes y documentos relacionados con el contrato con una empresa israelí Guardian Homeland Security S.A. para la compra de balas que el Gobierno decidió revocar este jueves en aras de evitar una crisis con su socio de coalición, Sumar.

Entre otras cosas, el partido de Santiago Abascal quiere una copia del informe del abogado del Estado y de cualquier órgano de la Administración pública sobre la «rescisión unilateral del contrato cuyo objetivo es el suministro de munición 9 mm para diversas unidades de la Guardia Civil con adjudicatario IMI SYSTEMS LTD». También, ha pedido el contrato completo y una relación de las comunicaciones y la reuniones que se han mantenido con la empresa israelí para formalizarlo y para dejarlo sin efecto posteriormente.

Además, ha registrado una batería de preguntas, con las que pretende que el Gobierno de Sánchez explique las razones que da para justificar la rescisión de dicho contrato; que indique cuánto le costará a las arcas públicas esta decisión. También, que señala si prevé romper o evitar «toda relación contractual de productos o servicios en materia de seguridad cuyo país de origen sea Israel».

Vox pregunta asimismo por el impacto que tendrá «de cara a posibles futuras contrataciones la imagen que se proyecta sobre la fiabilidad del Gobierno español» tras esta decisión de revocar el contrato tomada «de manera unilateral» al poco de formalizar el contrato. En concreto, se formalizó el 16 de abril, y se ha anunciado su rescisión una semana después. Finalmente, el partido quiere conocer la valoración que hicieron al respecto la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado.

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