Al juez Marchena le «estremece» pensar qué sucedería si el Congreso usase el lawfare como «patente de impunidad» para los diputados

Manuel Marchena, (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es magistrado del Supremo, desde 2007, donde presidió la Sala Segunda de lo Penal entre los años 2014 y 2024 y al frente de la cual dirigió, entre otros asuntos de relevancia, el mediático juicio del procés. Tras dejar el cargo, el juez Marchena se ha sumergido de lleno en el trabajo de campo del Alto Tribunal donde ha encontrado tiempo para reflexionar sobre la sensación que, desde hace algún tiempo, se ha apoderado de la opinión pública: la Justicia está amenazada.

«Un repaso a los titulares de la prensa diaria o unos minutos de tertulia radiofónica son suficientes para convencerse de que el trabajo de los jueces no siempre se desarrolla en condiciones que garanticen su independencia. La historia enseña que el poder político no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionalmente concebidos para el control democrático de sus decisiones», apunta Marchena.

En un momento en el que la Justicia se enfrenta a desafíos constantes desde todos los ángulos posibles, Marchena ha tenido la visión de examinar su papel irrenunciable en nuestro Estado de Derecho y resaltar su valor imprescindible. ¿Es posible un Ministerio Fiscal verdaderamente independiente? ¿Qué avances se han logrado, si es que es así, en la lucha contra la violencia de género? ¿Es indispensable la existencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar la labor de los jueces y tribunales? ¿Está en peligro la democracia?, se pregunta.

Y, sin embargo, una de las cuestiones más preclaras e inéditas a las que trata de dar respuesta –a lo largo de casi trescientas cincuenta páginas de análisis– es la que atañe a si la clase política está blindada frente a las investigaciones judiciales; pero, no desde la ya manida posición del aforamiento del que gozan más de 250.000 altos cargos y autoridades en nuestro país.

El debate sobre la concesión del suplicatorio instado por el Supremo nunca puede ser concebido como una oportunidad al alcance del Congreso para plantear un enfrentamiento institucional entre dos poderes del Estado

Marchena profundiza hasta la esencia del privilegio de la inmunidad parlamentaria por la cual se quiebra, de manera excepcional y normativamente aceptada, el principio de igualdad de los ciudadanos (entre los que también están sus representantes), ante la ley. Una ruptura que «no se materializa en el enunciado abstracto del precepto que concede» la prerrogativa en sí misma, sino «en el momento en el que la misma es o no concedida por el órgano parlamentario».

Es decir, en el caso de que un juez o un tribunal quiera imputar a un diputado o un senador, por un delito, tiene que pedir con carácter previo la autorización de la Cámara correspondiente. El denominado suplicatorio. Para el magistrado el problema, a futuro, no sería que «esa petición fuese rechazada, sino las razones esgrimidas para blindar al político y cerrar cualquier exigencia de responsabilidad criminal por un hecho que está siendo objeto de investigación» penal.

Hasta la fecha «no ha habido razones para la preocupación», afirma el magistrado Marchena en su libro, porque nunca se ha dado el caso de que la Cortes Generales hayan abierto una «controversia» sobre la «procedencia o improcedencia de la petición de un suplicatorio por el Supremo».

La prerrogativa de la inmunidad parlamentaria dura lo que dura el cargo (...) de ahí que, desaparecido éste, el Supremo podría activar la investigación paralizada por decisión de las Cortes Generales

Sin embargo, el mismo juez cree que «es de esperar que la deslegitimación con la que políticamente se ha criticado» al Alto Tribunal, «hasta el punto de pretender explicar sus resoluciones como expresión de lawfare, no sirva para justificar la próxima o futura denegación de suplicatorios que conviertan» a los políticos imputados, «en un sospechoso blindado en su impunidad por sus correligionarios».

«Estremece pensar qué sucedería si el entendimiento» del privilegio de la inmunidad parlamentaria que asiste a todos los diputados y senadores, en el ejercicio de sus cargos, derivase en «una práctica conforme a la cual, en función de las mayorías y los acuerdos estratégicos, unos diputados vieran concedido el suplicatorio y otros resultaran acorazados frente al deseo de la Justicia de abrir las puertas» a su procesamiento en un juicio oral, reflexiona el magistrado Marchena.

«El respeto entre los poderes del Estado a sus respectivas parcelas funcionales» representa un equilibrio que es el que hace posible «la convivencia en una sociedad democrática» y «constituye un inderogable punto de partida para la estabilidad constitucional». Y, en el caso del suplicatorio, «la valoración del material indiciario sobre el que se apoya un suplicatorio nunca será de la incumbencia de las Cortes Generales», concluye el juez.