Seis magistrados del TC contradicen al resto de la comunidad jurídica y salvarán una amnistía 'política'

Será, al menos, una amnistía con perspectiva feminista. Seis magistrados, cuatro mujeres y dos hombres, avalarán la ponencia redactada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, a favor de la amnistía 'política' del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios separatistas catalanes de Junts y ERC, en contra del criterio de la mayoría de la comunidad jurídica (jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y catedráticos) de nuestro país.

Si nada lo remedia, y no parece que algo pueda hacerlo, el próximo día 24 de junio, el bloque izquierdista de la Corte de Garantías, con su presidente Cándido Conde-Pumpido en cabeza, dará el visto bueno al borrado del procés de Cataluña, sin esperar, además, a que antes se pronuncie sobre la materia el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE).

Será, también, una sentencia aprobada por una mayoría mínima, pese a los esfuerzos que ha hecho Conde-Pumpido por asegurarse una aritmética favorable que, en ningún caso, le hiciese pasar a la historia como lo que en realidad es: el artífice de la impunidad penal del secesionismo catalán. De ahí que, el veterano jurista gallego maniobrase, desde la entrada del primer recurso planteado contra el polémico texto en la sede del TC, y tras la abstención unilateral del magistrado Juan Carlos Campo en el asunto, para expulsar, contra su propia doctrina y actos, al también magistrado José María Macías admitiendo, para ello, un escrito fuera de plazo del fiscal general del Estado, imputado en el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos.

Habrá, por lo tanto, una 'victoria' seis a cuatro en la que se intentará diluir cualquier atisbo de que el voto determinante es el del propio presidente de la Corte quien, además, ha preferido apretar el paso por un camino pantanoso, sin esperar a que Europa se pronuncie, antes, sobre el asunto de la malversación.

Quizás porque, en realidad, la ponencia preliminar del Tribunal Constitucional ha dejado entrever, sin quererlo, que en realidad esto nunca se ha tratado de una discusión jurídica, sino netamente política con la que justificar la validez constitucional del incumplimiento de la legalidad. No en vano, mientras la ponencia que la vicepresidenta Montalbán llevará al último Pleno de este mes rechaza entrar a valorar los objetivos políticos de la norma, en realidad, los menciona como uno de los argumentos para avalar el encaje de la misma en nuestro ordenamiento. Una contradicción más.

«El concreto objetivo político [los siete votos pactados por Carles Puigdemont con Pedro Sánchez a cambio de la investidura de este último] que con una Ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba a este tribunal», responde frontal la magistrada al Partido Popular. Y, sin embargo, es ella misma quien, unas líneas después, apoya su visión constitucional de la ley, curiosamente, en toda una batería de valoraciones de índole política.

Desde que el texto «busca una mejora de la convivencia y cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas» que coexisten en España; hasta que la norma es reflejo de la «generosidad del Estado»; pasando porque la ley de amnistía no responde a un «capricho» o «mero voluntarismo» político porque su finalidad está perfectamente acotada y, en todo caso, «orientada al interés general».