Vista general del juicio del portero de la discoteca Mitika de Vitoria
El Gobierno vasco endurecerá el control sobre los porteros de discoteca tras la muerte en la sala Mitika
Se ha constatado la existencia de ámbitos de «mejora en la regulación actual aplicable al personal de servicios de admisión»
El Gobierno vasco ha puesto en marcha el procedimiento para establecer un control «más exhaustivo» sobre el personal de admisión de los locales de ocio. La medida se ha adoptado después de que varios porteros de discoteca se hayan visto involucrados en incidentes violentos en los últimos meses, el más grave de ellos, la muerte de un joven el pasado febrero en la sala Mitika de Vitoria, cuyo portero está acusado de un presunto delito de homicidio imprudente.
La directora de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, Nerea Alday, ha emitido una resolución –actualmente en fase de consulta pública– en la que, sin citar el caso de Mitika ni ningún otro incidente en concreto reconoce que «a raíz de ciertos eventos», se ha constatado la existencia de ámbitos de «mejora en la regulación actual aplicable al personal de servicios de admisión».
En la resolución se plantea la conveniencia de «revisar la normativa vigente y, en su caso, introducir las modificaciones oportunas», con el fin de «corregir aspectos que la experiencia en su aplicación ha demostrado que pueden mejorarse».
Alday indica que «se ha planteado la necesidad de un control más exhaustivo en relación con la habilitación del personal del servicio de admisión». A su vez, señala que la Administración, en relación con estos procedimientos de habilitación y revocación de dicha habilitación, «ha detectado aspectos a mejorar».
Decreto
Aunque no precisa cuáles serían esos ámbitos de mejora, explica que «tras haber efectuado un análisis de la norma en vigor, se considera necesario y oportuno acometer una nueva modificación» del Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.
La ciudadanía y entidades afectadas por la norma que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en la resolución del Gobierno Vasco hasta el 15 de septiembre.
