El PP obliga a Exteriores a explicar de viva voz en el Congreso si concedió a Koldo un pasaporte diplomático

El Real Decreto 1123/2008 regula los pasaportes diplomáticos, a los que define como «documentos especiales de viaje expedidos para facilitar a sus titulares el ejercicio de la acción exterior del Estado». «Corresponde la expedición de los pasaportes diplomáticos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de acuerdo con lo dispuesto en el presente real decreto. Serán autorizados, en nombre del Ministro, por el Subsecretario del Departamento y, en su ausencia, por el Director General del Servicio Exterior», señala la legislación vigente.

De esta manera, tal y como y como publicó El Debate, no solo los diplomáticos de carrera en activo tienen derecho a este tipo de pasaporte, cuya validez suele extenderse durante tres años y puede renovarse; también los responsables políticos, junto con sus cónyuges o parejas, están autorizados a disponer de él.

Así las cosas, el PP ha presentado una pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados –fechada el pasado 9 de octubre y a la que ha tenido acceso El Debate– en la que piden a la cartera que encabeza José Manuel Albares que explique si «emitió el Ministerio» un «pasaporte diplomático a Koldo García Izaguirre», el que fuera asesor de José Luis Ábalos.

Además, García fue premiado por Ábalos y le nombró en junio de 2019 miembro del Consejo Rector de Puertos del Estado. Un año después, en 2020, el Ejecutivo de Pedro Sánchez le otorgó el puesto de consejero de Renfe Mercancías. Por ende, como empleado público el exasesor ministerial pudo haber recibido un pasaporte diplomático, ya que la ley contempla que se puede expedir este título a «las personas, especialmente cuando ejerzan altos cargos en la Administración General del Estado, que realicen, con carácter temporal, misiones oficiales en el exterior que por sus características lo requieran, a juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores».

Cambios de la UE

El pasado mes de junio se cerró un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea (UE) que permite a las entidades comunitarias revocar temporalmente la exención de visados a aquellos países que incumplan la Carta de las Naciones Unidas, cometan violaciones graves de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional, o desobedezcan resoluciones de tribunales internacionales. Asimismo, Bruselas podrá impedir a los Estados miembros eximir de la exigencia de visado a los funcionarios públicos con pasaporte diplomático o de servicio que puedan ser cómplices de dichas violaciones de Derechos Humanos.