Vox anuncia una ofensiva contra las Zonas de Bajas Emisiones y el «tasazo» de basuras

La misma tarde en la que Vox ha hecho caer la Zona de Bajas Emisiones en la ciudad de Valencia, el partido de Santiago Abascal ha anunciado una ofensiva en las instituciones contra las ZBEs en el territorio nacional, así como contra la tasa de basuras, a su juicio, dos imposiciones que son «consecuencia directa de las políticas del fanatismo climático» que vienen de Bruselas, y que recriminan al bipartidismo.

En una rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, en la que han comparecido el portavoz nacional, José Antonio Fúster; la portavoz de Agenda España y portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino; el portavoz de Trabajo y Campo y diputado en Andalucía, Rodrigo Alonso; el portavoz de Vivienda y diputado nacional, Carlos Hernández Quero; y el jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé.

Según ha detallado Fúster, van a pedir en el Congreso, en el Senado y en los parlamentos autonómicos la derogación de la ley de Cambio Climático y Transición Energética y la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como de todas las normativas que derivan de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Mientras estas no se derogan, van a solicitar que se deroguen los artículos concretos de ambas leyes que contemplan las ZBEs y las tasas de basuras. En los municipios van a presentar mociones para pedir «el fin de las políticas derivadas del fanatismo climático» y van a exigir que se devuelva el importe de las multas «abusivas» por estas medidas y en aquellos donde gobiernan, que se reviertan o queden sin efecto; y en los lugares donde todavía no se han aprobado estas zonas o medidas que implican sanciones, se opondrán.

Para Isabel Pérez, «lo que hay detrás (de estas medidas) es un ataque contra el pueblo en nombre de la religión climática», y son «un bulo, una excusa para restringir las libertades». «Estas medidas ideológicas, totalitarias y discriminatorias contra los que tienen menos recursos están aprobadas por el PP y el PSOE en Bruselas», ha incidido, acusando a ambos partidos de estas «al servicio de una agenda climática internacional opuesta a los intereses de España». «Vox no va a ser cómplice», ha afirmado.

En esa misma línea se ha pronunciado Rodrigo Alonso, que ha criticado que medidas como estas perjudican a aquellos que, por ejemplo, trabajan en el centro de estas ciudades o municipios y no pueden circular con su vehículo. Según el diputado autonómico, el «pacto en común» entre populares y socialistas «está atentando contra las libertades de los españoles».

Contra el «tasazo» de basuras ha arremetido el diputado Carlos Hernández, que ha denunciado que a la deuda creciente, a los impuestos «asfixiantes» y a la pérdida de poder adquisitivo se añade este nuevo gravamen, que ha tildado de «capricho». Y ha incidido igualmente en que esto responde a la transposición que se ha hecho en España de una directiva europea a la que el PP no se ha opuesto. «Cuando los políticos del PP y el PSOE dicen que esto viene de Bruselas, ocultan que Bruselas son ellos, atornillando cada vez más a las clases medias y populares españolas», ha sostenido.

Y sobre esto también ha insistido Jorge Buxadé. El eurodiputado ha señalado que Bruselas son Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Ha señalado en este sentido que desde el 2004 gobiernan los populares en Europa: «Todas las iniciativas, directivas, reglamentos, tienen un autor original». Y ha denunciado: «Ese fanatismo climático nos ha traído un concepto que es la ecología punitiva: contemplar el medio ambiente como una forma de fastidiar a los ciudadanos, de imponer sanciones», de perseguir «a los más débiles, a los más humildes».

Veto a la ley de Movilidad

Vox ha presentado un veto en el Senado a la ley de Movilidad Sostenible del Gobierno, una ley que recientemente recibió luz verde en el Congreso y por lo tanto está en tramitación parlamentaria, y que blinda la aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones. Así, desde el partido de Santiago Abascal ven esto como una oportunidad para que el PP se posicione y apoye ese veto, de manera que la norma vuelva a la Cámara Baja, donde, dada la ruptura anunciada por Junts con el PSOE, podría decaer por falta de apoyos. Cabe recordar que en el Pleno del pasado 8 de octubre el proyecto de ley del Ejecutivo prosperó por la abstención in extremis de los cuatro diputados de Podemos, en un reflejo más de la debilidad parlamentaria de los socialistas.