El juez José Ignacio Vilaplana
Corrupción en Andalucía
Carpetazo a la causa contra dos exdirectores de Formación por ayudas de 7,1 millones
El juez no aprecia indicios de criminalidad en los investigados, acusados de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación
El magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de una pieza separada de la causa de los cursos de formación donde se investigaba la concesión de subvenciones para el empleo por parte de la Dirección General de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía al Consorcio Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga (Forman). Una decisión que ha adoptado al considerar que, de lo actuado, «no aparece debidamente justificada» la perpetración de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones, falsedad documental y malversación que dieron motivo a la formación de este procedimiento.
En un auto fechado el día 1 de diciembre y notificado este martes a las partes personadas en la causa, el juez archiva por este motivo esta causa en la que estaban siendo investigadas tres personas, en concreto dos ex directores generales de Formación de la Junta de Andalucía, Andrés Sánchez Hernández y Manuel Brenes Rivas, y el responsable de la UTE, Alejandro M. O., que habría de ejecutar las actividades formativas, y todo ello al entender que, de las diligencias practicadas, «se colige la inexistencia de indicios solventes de criminalidad».
El instructor recuerda que, en este procedimiento, se investigaba la presunta ilicitud del proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de subvenciones destinadas a formación para el empleo que fueron concedidas por la Administración autonómica al Consorcio Forman durante los años 2008 a 2011, resaltando en este sentido las subvenciones concedidas en cuatro expedientes distintos por un valor de 7.104.600,88 euros, de los que fueron abonados la cantidad de 6.628.650,54 euros, añadiendo que, a pesar de haberse constatado «deficiencias» en la documentación justificativa de las subvenciones, las mismas «se habrían tenido por justificadas».
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Acciones civiles y administrativas
En este caso, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar «una conducta delictiva orientada finalísticamente a la producción de resultado de naturaleza delictiva alguna en el comportamiento y los hechos denunciados, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas, bien de reintegro, bien sancionadoras, que pudieran ejercitarse por parte de la Administración competente», en este caso la Junta de Andalucía.
El magistrado argumenta que, en este caso, «no sería posible deducir una actuación netamente contraria a los intereses y fines públicos a cuya verificación se habrían destinado las subvenciones objeto de las presentes actuaciones, así como una actuación absolutamente opuesta a la disciplina reguladora de la concesión de este tipo de medidas de fomento del empleo, determinante de una administración desviada o fraudulenta de las ayudas y de los fondos públicos a tal efecto comprometidos y dispuestos».
Al respecto, el instructor precisa que, «a la vista de la documentación obrante en autos relativa a la gestión del centro formativo del Consorcio Forman, y a falta de informes técnicos que permitieran entender consolidados los indicios de criminalidad inicialmente existentes, lo cierto es que, en el presente estadio procesal –concluida la investigación objeto de causa, no prorrogada en julio de 2022 ex artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– no existiría efectiva constancia de que la facturación realizada por la UTE encargada de ejecutar las acciones formativas no se correspondiese realmente con los cursos comprometidos e impartidos y/o que la facturación entregada a la Junta de Andalucía no contemplase la realidad de los alumnos a los que se ofrecía dicha formación y las horas de formación impartidas».
Y todo ello, añade el juez, «sin perjuicio de las ilicitudes en que pudieran haber incurrido los responsables de la Administración autonómica, vinculados por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de concesión, gestión, justificación y liquidación de las subvenciones destinadas a formación para el empleo (como en todas las comprendidas en el periodo 2009 a 2012), y que se enmarcarían en el contexto fáctico y jurídico de la causa matriz» de la que deriva esta pieza separada, y que se encuentra actualmente en trámite.
«Concluida ya la fase instructora, no puede decirse que con el material derivado de la instrucción jurisdiccional desarrollada, a la que no se puede tildar de escueta, pueda mantenerse sustento acusatorio realmente solvente», afirma el juez, que subraya que, «en este momento procesal, y tras una instrucción que debe considerarse concluida, debe afirmarse, respecto de la correspondiente figura penal que se afirmaría concurrente por el Ministerio Fiscal y las acusaciones, que no resultan apreciables indicios racionales de criminalidad que supongan una probabilidad de que pudiera llegar a dictarse una eventual sentencia condenatoria», por lo que acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones y, una vez firme el auto, el archivo de las mismas.
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