La bandera nacional de Ucrania luce en la fachada del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, en una imagen de archivo
El Gobierno andaluz destina 6,1 millones en ayudas para refugiados ucranianos sin recursos
La dotación, gestionada con Cruz Roja, será de 400 euros mensuales más 100 euros por menor a cargo durante un máximo de seis meses
El Consejo de Gobierno andaluz ha autorizado este martes la concesión de una subvención a Cruz Roja Española en Andalucía por un importe de 6,1 millones de euros destinada a financiar la prestación de una ayuda económica directa a refugiados ucranianos que carezcan de recursos económicos suficientes, que estén empadronados en la comunidad y que cuentan con el régimen de protección temporal a causa del conflicto en Ucrania.
En concreto, se trata de una ayuda destinada a familias vulnerables ucranianas por valor de 400 euros mensuales durante seis meses, a los que se añaden 100 euros más por cada menor a su cargo. Para acceder a esta ayuda se establecen una serie de requisitos: las personas demandantes, además de estar empadronadas en algún municipio andaluz y haber obtenido el estatuto de protección temporal, no pueden percibir ninguna otra prestación por el mismo concepto en otra comunidad autónoma y tienen que acreditar la carencia de medios económicos.
Se podrá reconocer la ayuda con efectos retroactivos desde agosto, en el caso de que durante dichos meses cumplieran todos los requisitos, para lo que el primer pago acumulará los meses reconocidos. En el caso de que los posibles beneficiarios dispongan de alguna retribución, ésta no puede superar el ingreso mínimo vital (IMV).
Mediante esta ayuda se busca dar cobertura a las necesidades básicas y en condiciones de dignidad de las familias ucranianas más vulnerables que han llegado a Andalucía de forma masiva y concentrada en el tiempo.
Resulta que la guerra en Ucrania ha provocado el desplazamiento de grandes flujos de personas residentes en ese país a otros países de su entorno. Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de personas desplazadas superaría los siete millones, habiéndose dirigido la mayor parte de ellas a países europeos.
En el caso de España, se estima que desde el inicio del conflicto han llegado cerca de 130.000 personas, además de aquellas otras que ya se encontraban en nuestro país cuando estalló el conflicto y ahora no pueden regresar al mismo. Los datos actualizados a 19 de diciembre de 2022 relativos a las personas desplazadas por la guerra en Ucrania cifran que en Andalucía se encuentran 21.808 personas que han solicitado protección temporal.
Cruz Roja, única entidad solicitante de la gestión de los fondos
A través de la subvención directa a Cruz Roja, por importe de 6,1 M€, se apuesta por articular una fórmula ágil y rápida que permita la gestión de estas ayudas a refugiados ucranianos sin recursos económicos. Además, Cruz Roja ha sido la única entidad que ha presentado solicitud para gestionar estos fondos procedentes del Gobierno central y dispone de una amplia estructura en todo el territorio andaluz que facilita su gestión y, de esta forma, hacer llegar a sus destinatarios finales estos recursos de la forma más accesible, con mayor cobertura y mejor agilidad administrativa.
En este sentido, cabe señalar que las personas beneficiarias necesitan una atención más personalizada, una traducción de la información para la comprensión del alcance de la ayuda y las obligaciones que contraen al recibirla, así como una orientación y acompañamiento para su solicitud con una intensidad mayor de la que se ofrecería a beneficiarios ordinarios de una subvención.
En dos pagos
La transferencia de los créditos correspondientes a las ayudas a la entidad colaboradora se efectuará de modo anticipado con un primer abono de 4,3 millones de euros —que supone el 70 %—, tras la firma del correspondiente convenio. La segunda transferencia, de 1,8 M€, se efectuará tras la presentación por parte de Cruz Roja de la justificación en firme de los gastos realizados y estará condicionada a la recepción de los fondos del Gobierno central por la comunidad autónoma de Andalucía.
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