Almería  El Gobierno andaluz pasa la pelota a Carboneras para iniciar el derribo del hotel de El Algarrobico

La Junta de Andalucía esperará a que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) anule la licencia de obras del hotel de El Algarrobico para convocar la comisión mixta con el Gobierno de España y abordar la demolición del edificio y la restauración del enclave.

En un comunicado, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha contestado este martes a la solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica de que convocara esa Comisión bilateral después de que el Consejo Consultivo de Andalucía haya avalado la nulidad de la licencia de obras del hotel, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Carboneras en enero de 2003. Corresponde a la Consejería la convocatoria de la Comisión, ya que ostenta la presidencia de esta desde el 6 de marzo de 2026 y hasta el 7 de marzo de 2027.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente celebra que el Gobierno de España haya asumido que «la única vía para alcanzar el derribo del hotel de El Algarrobico es la planteada por la Junta de Andalucía, que siempre ha defendido la necesidad de revisión de la licencia de obras del establecimiento, como paso imprescindible para poder avanzar en el proceso de demolición del edificio y la posterior restauración del paraje natural afectado».

Insiste la Junta en que «el camino para alcanzar la deseada resolución de un problema generado hace dos décadas pasa por que el Ayuntamiento de Carboneras lleve cuanto antes este asunto a pleno para oficializar la anulación definitiva de la licencia», cumpliendo así con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Recuerda la Consejería que la Junta de Andalucía se ha personado en cuatro procedimientos abiertos en torno a este asunto, incluido el proceso expropiatorio iniciado por el Gobierno de España, «después de seis meses sin que la Junta recibiera información alguna sobre el mismo por parte del Gobierno de España».

También critica que el 10 de febrero de 2025 la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la demolición del edificio en un plazo de cinco meses «obviando el diálogo habitual establecido en la Comisión Mixta».