La Junta despide a un trabajador y recupera 350.000 euros de facturas falsas del transporte escolar en Cádiz

La Junta de Andalucía ha recuperado los 351.396 euros que una empresa concesionaria del transporte escolar en la provincia de Cádiz cobró indebidamente mediante facturas falsas por rutas que, en algunos casos, no realizó incluso. El caso supuso el despido de un trabajador de una agencia pública y su traslado a la Fiscalía ante los indicios de delito.

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, confirmó este miércoles que la Junta ya ha recibido el dinero reclamado, tras iniciar un expediente administrativo de nulidad en el pago el pasado mes de marzo. No obstante, este reintegro económico no pone fin al proceso judicial en curso, ya que también afecta al trabajador despedido.

Este empleado, que era el responsable de los pagos de la Agencia Pública de Educación, se dedicó presuntamente a duplicar facturas de rutas escolares durante el curso 2022-2023. El fraude se detectó cuando solicitó fondos adicionales para abonar dichas facturas, pese a que el presupuesto para transporte escolar de la Junta ascendía a 100 millones anuales.

En mayo de 2023, la Gerencia de la Agencia Pública en Cádiz inició una investigación que culminó en noviembre de ese mismo año con el despido del trabajador por faltas muy graves, tras un expediente disciplinario. Además, el caso fue remitido a la Intervención General de la Junta, que lo trasladó a la Fiscalía ante los indicios de delito. La Agencia entregó también la documentación solicitada por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Por último, la Agencia Pública de Educación solicitó formalmente a la empresa el reintegro de las cantidades pagadas indebidamente. Además, reclamó al trabajador implicado la suma de 25.325 euros, correspondiente a su salario durante el periodo de suspensión. En total, la reclamación asciende a 376.721 euros, entre facturas falsas y salarios no justificados.

La empresa, que sigue operando el servicio, ya ha comunicado a la Agencia que ha devuelto el dinero, aunque se reserva el derecho a defenderse legalmente si se demuestra que no hubo mala fe en el fraude. La Junta de Andalucía, por su parte, no descarta romper la concesión de los servicios, en aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público.