El exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, a su llegada a los juzgados de Málaga para asistir al macrojuicio del caso
Málaga
La corrupción socialista en Estepona se diluye: el caso Astapa se cierra 17 años después con penas muy menores
La complejidad del caso y la lentitud de la justicia, sin los medios necesarios para abordarlo, disuelve las responsabilidades de los acusados
Diecisiete años después de que los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) irrumpieran en el Ayuntamiento de Estepona y se llevaran detenido al alcalde socialista Antonio Barrientos, muchas cosas han pasado desde aquel año 2008.
El conocido caso Astapa, que implicaba, además del exalcalde, a empresarios y concejales tanto del PSOE como del Partido de Estepona (PES) sacudió a la ciudad malagueña, al considerar la Fiscalía que esas supuestas operaciones ilegales dentro de una trama urbanística funcionaban con el mismo patrón de lo que ocurrió en la vecina Marbella. En total, se cree que se produjo para las arcas de Estepona un perjuicio de unos 28 millones de euros.
Tras una espera de 15 años, desde que se produjeron las primeras detenciones y el caso se empezó a investigar, el juicio comenzó en 2023. Por si la salsa no tuviera los suficientes ingredientes, se supo que los informes con los que los concejales socialistas Cristina Rodríguez y David Valadez se presentaron ante la UDEF, donde presuntamente se demostraría los delitos relacionados con la corrupción, habían estado elaborados por el ex comisario Villarejo.
Delito de cohecho
Tras tanta espera, Astapa se ha cerrado sorprendentemente como si un globo pinchado se tratase. La repercusión que en su día generó se ha ido desinflando según avanzaba la instrucción.
El exalcalde socialista Antonio Barrientos solo ha sido condenado a cinco meses y siete días de suspensión de empleo y cargo público y a una multa de 40.000 euros, pues se reconoce un delito continuado de cohecho pero pasivo en este macrojuicio contra la corrupción política-urbanística.
Pero es que, de los 56 acusados que se sentaban en el banquillo, solo han sido condenados 15, mientras que 31 han sido absueltos. Ahora bien, que una quincena reciba penas menores, entre ellos el propio alcalde, además de las correspondientes multas, confirma que había muchas cosas que poner en duda en esa etapa.
El papel de Villarejo
Barrientos defendió siempre su inocencia, poniendo bajo sospecha la actuación de la UDEF y asegurando que los papeles incautados a José Manuel Villarejo, grabaciones de audio y declaraciones de testigos hacían presumir que Astapa fue tramada por el ex comisario para controlar el urbanismo de la localidad.
De igual forma, denunció que desde la Fiscalía se había intentado limitar el derecho de defensa y evitar que los papeles que pueden demostrar esta supuesta vinculación Villarejo-Astapa fueran incorporadas al proceso.
Proceso diluído
Astapa representó el último gran juicio a la corrupción de la Costa del Sol y tenía todos los ingredientes para convertirse en mediático: tramas de corrupción urbanística y un alto número de acusados. Todo ello en la época de los pelotazos, que salpicaron al litoral malagueño.
Sin embargo, la lentitud de la justicia acabó por diluir el caso. Hasta 16 años pasaron entre las primeras detenciones y el inicio de la investigación. Todo ello, al parecer, «por falta de medios», según diversas fuentes.
Unas fuentes que daban por seguro que el caso se disolvería cada día que pasara aún más debido a todo el tiempo transcurrido desde que dio inicio y su propia complejidad. El propio volumen de Astapa obligó a dividir el procedimiento en diez bloques temáticos: tipos de convenios, actuación urbanística, depósitos bancarios en el extranjero, pagos de comisiones, concesiones municipales…
La muestra más representativa es la propia pena que le ha caído al exalcalde. De los diez años de cárcel iniciales que pedía la Fiscalía para él, Barrientos se lleva una condena de cinco meses y siete días de suspensión para empleo público. «Me mantengo en que fui un alcalde decente y honesto», ha dicho tras conocer el fallo.
El fiscal, en su escrito de conclusiones definitivas, rebajó de forma considerable todas las penas solicitadas inicialmente para los procesados, y que sumaban más de 200 años, al considerar que concurrían dilaciones indebidas y extraordinarias y tras alcanzarse acuerdos de conformidad con dos procesados.
Ha dicho que «estaría contento si hubiera salido totalmente absuelto», pero ha considerado que el caso ha sido «una atrocidad» y que «ha quedado patente que el Ayuntamiento siempre actuó en defensa de lo público», incidiendo en que «no hay condenas por prevaricación ni por malversación» y en que, en su opinión, ha quedado «claro» todo lo referente a los convenios o disciplina urbanística.
Respecto a su condena, ha indicado que «por un cohecho pasivo que es por recibir algún regalo, que ya veremos, por razón de mi cargo, no por haber hecho una actuación injusta». «La verdad es que tendríamos que hacérnoslo mirar porque 17 años para esto es una verdadera infamia», ha lamentado.
