Baleares activa la «lista negra» de objetores y Vox denuncia que «marca a los médicos que salvan vidas»

baleares ha iniciado la cuenta atrás para poner en marcha el registro de sanitarios objetores de conciencia al aborto que exige la ley estatal aprobada en 2023. El borrador ya está en exposición pública y admite aportaciones hasta el próximo 24 de febrero. El Ejecutivo de Marga Prohens (PP) alega que se trata de una obligación legal que deben cumplir las comunidades autónomas. Frente a esta posición, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado aplicarlo al considerarla una «lista negra» que señala a los profesionales.

La Conselleria de Salud comunicó desde el inicio su intención de crear este listado oficial. Lo hizo por tratarse de un mandato legal que deben cumplir las comunidades autónomas tras la reforma de la ley del aborto. El retraso en la puesta en marcha provocó que el Ministerio de Sanidad incluyera a Baleares en un requerimiento formal junto a otras regiones que aún no disponían de registro, como Aragón —que también se comprometió a crearlo— y Asturias, que ya cuenta con un censo operativo.

Ahora el ejecutivo de Marga Prohens ha sacado a información pública el borrador. El texto establece que los profesionales que no quieran practicar abortos por razones de conciencia deberán inscribirse previamente para ejercer ese derecho. El registro no se limita a ginecólogos y obstetras sino que también abarca anestesistas, enfermeras y médicos de familia. Sólo en la sanidad pública balear estos perfiles suman cerca de 7.000 profesionales, según datos facilitados por del Servicio balear de Salud (IB-Salut).

Una vez inscrita, la objeción tendrá carácter indefinido, aunque podrá modificarse o revocarse en cualquier momento. El listado recogerá nombre y apellidos, DNI, número de colegiado y otros datos identificativos, además de los supuestos concretos respecto a los que se declara la objeción. El Govern sostiene que el registro será confidencial. Aun así, podrán consultarlo responsables de centros sanitarios públicos y privados en los que se practiquen abortos —direcciones médicas, de enfermería o gerencias—, aunque únicamente respecto a los profesionales de su propio centro. La consellera de Salud, Manuela García, se comprometió a que los listados no se entregarán al Ministerio.

Listas negras y señalamiento

La diputada de Vox y presidenta de la Comisión de Salud del Parlament balear, María José Verdú, denunció la «claudicación» del Govern de Prohens ante las exigencias de la ministra de Sanidad, Mónica García. «La historia nos enseña que marcar en listas es el primer paso del totalitarismo. Los nazis marcaban a los judíos; hoy, este Gobierno marca a los médicos que sólo quieren cumplir con su deber: salvar vidas», afirmó.

Verdú expresó además su preocupación por las garantías de confidencialidad de los datos. Aunque la Administración sostiene que la información permanecerá en la Conselleria de Salud, Vox advierte de que los directores de centros y cargos intermedios tendrán acceso a la identidad de los objetores, lo que podría derivar en «señalamiento y discriminación laboral» dentro del sistema sanitario.

El diputado provida y ex de Vox Agustín Buades ha reclamado públicamente a la presidenta balear, Marga Prohens, que «retire el decreto» que regula el registro de facultativos objetores de conciencia en la práctica del aborto. A su juicio, la creación del listado supone elaborar «listas negras de facultativos objetores de conciencia» y advierte de que la medida puede «desencadenar una caza de brujas» dentro del sistema sanitario.

Buades sostiene que el registro presenta «problemas de fondo». En concreto, alerta de que «un listado de objetores puede dar pie a acciones discriminatorias en las contrataciones». También cuestiona que la gestión dependa de la Administración autonómica y defiende que este tipo de registros deberían ser «competencia no de las administraciones, sino de los colegios médicos», además de contar con garantías reforzadas de confidencialidad.

El diputado insiste en que el listado puede convertirse en «una espada de Damocles sobre la cabeza de los objetores». Según afirma, «estar o no en el registro puede discriminar el acceso y la permanencia en un puesto», lo que asegura que pondría en riesgo la libertad de conciencia de los profesionales sanitarios.