Vox exige la cancelación de las clases de árabe y cultura marroquí en Castilla-La Mancha

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha registrado una iniciativa en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez la cancelación inmediata del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en los centros educativos de la región.

Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz de Vox en la Comisión de Educación de las Cortes, Luis Blázquez, quien ha denunciado que este programa, impulsado desde el Ejecutivo central, «atenta contra nuestra cultura y fomenta otra incompatible con los valores de la sociedad española», además de representar un grave riesgo para la cohesión social y un obstáculo para la verdadera integración.

Una cultura que relega a la mujer

Blázquez ha explicado que este programa no solo introduce en las aulas castellanomanchegas contenidos culturales y religiosos que relegan a la mujer a un plano secundario, sino que, además, «permite que sean funcionarios marroquíes quienes impartan, controlen e incluso inspeccionen estas materias en nuestros colegios».

Estos agentes son financiados por Marruecos a través de la Fundación Hassan II, una organización que también se dedica a enviar imanes a Europa con el objetivo de «guiar» a la comunidad marroquí en el extranjero. «Es inadmisible que un Estado soberano como España ceda el control educativo de sus alumnos a otro país», ha advertido Blázquez.

La prioridad es la lengua española

Vox defiende que la única vía posible para una integración real es la adaptación de los inmigrantes a la cultura, costumbres y valores que definen a España como nación. En este sentido, Blázquez ha sido tajante: «La verdadera integración no es la rendición incondicional a todo lo que venga de fuera, sino la incorporación activa a una sociedad basada en el respeto, la igualdad entre hombres y mujeres y el principio de unidad nacional».

Por ello han exigido tanto al Gobierno de España como a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no destinar ni un solo euro de dinero público a programas que impongan una educación incompatible con nuestros principios democráticos y constitucionales.

«La prioridad debe ser la enseñanza de la lengua y cultura españolas, la garantía de una educación que una a los alumnos en valores comunes y no los segregue por motivos culturales o religiosos», ha concluido el diputado.