28 de mayo de 2022

Pere Aragonés

Aragonès califica de «155 educativo» la sentencia del TSJC sobre el 25% de español en las aulas

La justicia catalana les da dos otros meses para la implantación de la medida

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha insistido en que «los docentes de Cataluña tienen al Govern de su lado» y la aplicación del 25% de español en las aulas tras la declaración en firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se trata de «una especie de 155 educativo».
Aragonès considera que el modelo actual que bajo el que se actúa en Cataluña es «un modelo que no ha sido cuestionado académicamente» pero que ahora sí se hace «desde otras instancias».
En declaraciones a los medios tras visitar la entidad Osonament de atención a personas con problemas de salud mental en Vic (Barcelona), ha lamentado que este comunicado del TSJC sea «un intento de romper» el consenso que había hasta ahora.
El presidente catalán ha asegurado que la Generalitat utilizará «todos los instrumentos» políticos, jurídicos y administrativos disponibles, defendiendo el buen trabajo de los docentes y confiando en ellos para proteger el modelo actual.
«Los docentes de Cataluña tienen que saber que tienen al Govern a su lado», añadiendo que el Govern asumirá la responsabilidad de actuar para defender la inmersión lingüística en una situación que considera complicada por la oposición de algunas instituciones del Estado.

Dos meses

El Gobierno catalán tendrá otros dos meses para acatar la sentencia referida a la obligatoriedad de impartir un 25% de las clases en español en las escuelas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme la decisión y les ha dado un amplio margen de implantación para ello.
El TSJC declara firme la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de casación de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo y recibir de éste las actuaciones este 20 de enero.
Ahora, la Generalitat dispone de un plazo de diez días para comunicar que ha recibido la notificación y responder cómo ejecutarla. Además, tendrá que elegir cuál será el órgano responsable de asegurarse de su cumplimiento.
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