El TSJC da diez días a Gobierno y Generalitat para que se pronuncien sobre la sentencia del 25% de español
El Ministerio de Educación se inhibe a la espera de que se pronuncie el tribunal, mientras que la Consejería busca resortes para no cumplir la sentencia
La sección 5ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) da un plazo de diez días, que se cumplirá el próximo 21 de abril, para que la Abogacía del Estado y la Generalitat, el Departamento de Educación, se pronuncien sobre el cumplimiento de la sentencia que obliga a que al menos, un 25 % de las clases se den en español en todo el sistema educativo de Cataluña.
Es la respuesta que el alto tribunal da a la demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que pedía la ejecución forzosa de esta sentencia con el respaldo de 1600 familias que tienen a sus hijos dentro del sistema educativo catalán.
La Generalitat, recordemos, envió una comunicación al TSJC en la que se explicaba cómo Educación iba a aplicar esta sentencia del 25% de español. La consejería decía al tribunal que se había llegado a un acuerdo con los grupos parlamentarios de ERC, Junts, PSC y Comunes para reformar la Ley de Política Lingüística para incorporar que «el catalán, como lengua propia de Cataluña, en la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo», y que «también es utilizado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».
El departamento de Educación también explicaba que se han iniciado los trámites para elaborar un decreto que establecerá que el catalán y el castellano estarán contemplados en los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Pero en ninguno de los casos se establece porcentaje ni se reconoce expresamente que el español es lengua vehicular de la educación en Cataluña. Y también está por ver si se va a poder validar en el Parlament el acuerdo sobre la reforma de la Ley de Política Lingüística, teniendo en cuenta los recelos de Junts, que tras las críticas de los sectores más radicales a favor de la inmersión, decidió dar un paso al lado.
Esa es la posición de la Generalitat, que busca resortes para no cumplir la sentencia, mientras que desde el gobierno central se inhiben y dicen que tiene que pronunciarse el TSJC antes de hacer cualquier paso en relación con el cumplimiento de la sentencia. De entrada, por lo tanto, el Ministerio de Educación no tienen intención de solicitar la ejecución forzosa del 25% de español.
Pero ahora, la sala del contencioso administrativo del TSJC ordena este trámite, da este plazo de diez días para que se pronuncien Gobierno y Generalitat «a la vista del escrito de la parte recurrente por promovido incidente para decidir las cuestiones planteadas en orden a la ejecución de la sentencia dictada en el presente procedimiento, tramitándose por el procedimiento regulado en el artículo 109 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa».
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