La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante el pleno del Ayuntamiento de Barcelona
Nueva derrota judicial de Colau por no permitir usar el castellano a un Guardia Urbano en una entrevista
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Barcelona obliga a que se repita la prueba
El Ayuntamiento de Barcelona ha sufrido otra derrota judicial, ahora por vulnerar los derechos lingüísticos de un agente de la Guardia Urbana. Se trata de un cabo de este cuerpo policial, F.G.B, que no pudo utilizar el castellano durante una entrevista en un proceso selectivo interno para optar a una plaza de sargento. Este agente denunció los hechos ante el juzgado de lo contencioso-administrativo, que ahora le ha dado la razón y obliga al consistorio a que se repita la prueba.
El agente pidió poder expresarse en castellano en la prueba porque tenía que explicar cuestiones técnicas y él se desenvuelve mucho mejor en castellano, que es su lengua materna. Así lo ha explicado a El Debate Eugenio Zambrano, portavoz del CSIF en la Guardia Urbana, que es el sindicato que ha asesorado al cabo en este proceso. Zambrano ha dejado claro que no se trata de «politizar» el tema de la lengua, que «ya de por sí es un tema muy sensible», sino «simplemente de que se cumpla la ley». Y efectivamente la ley contempla el derecho de este funcionario a escoger cualquiera de las dos lenguas cooficiales.
Y así se lo recuerda la juez al Ayuntamiento en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, en la que estima el recurso presentado por el agente y además «anulando y dejando sin efecto los actos presuntos impugnados, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior a la realización por parte del recurrente de la cuarta prueba del proceso selectivo al que se ha hecho referencia en el Fundamento jurídico primero, a fin de que se repita dicha prueba permitiendo al recurrente contestar a las cuestiones que le plantee el tribunal calificador en la lengua cooficial que libremente escoja, siguiendo el trámite hasta la finalización del procedimiento selectivo».
En la sentencia también se recoge la declaración de un observador del sindicato UGT, que corrobora la versión del cabo. De hecho, la juez, en la sentencia, considera que esta declaración «fue clara, sin titubeos o vaguedades ni imprecisiones ni tampoco contradicciones, respondiendo con seguridad a las preguntas realizadas por las partes y por esta Juzgadora, infundiendo en esta la convicción de que lo relatado era la verdad. El citado testigo afirmó que en el tribunal en el que él estuvo y en el que se practicó la entrevista al recurrente, cuando este solicitó expresarse en castellano, se le dijo que no, negándole tal posibilidad».
Según Zambrano, la sentencia ya es firme, puesto que el Ayuntamiento no ha recurrido, y ahora pedirán su ejecución. La prueba debería repetirse en el plazo de dos meses como máximo, aunque el portavoz del CSIF cree que «lo más probable» es que «como castigo lo suspendan». Y eso que el agente había superado con buena nota el resto de pruebas. Un agente que, además y según explica Zambrano, tiene un historial «impoluto» y 20 años de servicio.
El portavoz del CSIF también apunta que en este caso «subyace un problema de acoso laboral», porque en alguna ocasión anterior «ha diferido en cuento a algunas decisiones relacionadas con malas praxis y eso lo ha ido persiguiendo en su carrera profesional». Malas praxis relacionadas con la gestión de las horas extras «que se devolvían en especies», algo que en la actualidad ya está corregido. Pero Eugenio Zambrano también ha destacado el largo historial de denuncias que hay en contra del Ayuntamiento de Barcelona por «el incumplimiento reiterativo de las leyes que perjudica en diferentes ámbitos a los funcionarios».
Y sobre este tema en cuestión, de este cabo de la Guardia Urbana, los problemas no se acaban para Colau y el ayuntamiento de Barcelona. Y es que ha puesto en manos del bufete de abogados de José María Fuster-Fabra la presentación de una querella por los delitos de prevaricación, falsedad documental y contra los derechos fundamentales, que irá dirigida contra la Administración, contra el Ayuntamiento, pero también contra los dos examinadores que no le permitieron expresarse en castellano: una inspectora de la Guardia Urbana de la comisaría de Nou Barris y una psicóloga de una empresa externa contratada por el consistorio.
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