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23 de abril de 2024

Un cartel con la imagen del candidato a la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, durante el acto electoral de inicio de campaña que la formación Junts per Catalunya en 2017.

Un cartel con la imagen del candidato a la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont durante el acto electoral de inicio de campaña que la formación Junts per Catalunya en 2017Europa Press

El laberinto catalán

Bruselas teme la victoria judicial de Puigdemont

Son muchas las voces en Bruselas que muestran su sorpresa ante la inacción de España frente a la ofensiva constante del independentismo catalán

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) devolvió esta semana, temporalmente, la inmunidad a Carles Puigdemont y sus dos colegas eurodiputados y prófugos de la justicia, Toni Comín y Clara Ponsati. La resolución del Tribunal modifica el acuerdo de 21 de julio del Tribunal General de la UE que había retirado la inmunidad a los tres parlamentarios de Junts per Catalunya.
El auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque cautelar, encendió todas las alarmas tanto en el Parlamento Europeo como en la Comisión, dado que enmienda la decisión adoptada muy mayoritariamente por el pleno del Parlamento Europeo cuando este, por 440 votos a favor, 180 en contra y 80 abstenciones, siguió la recomendación de la Comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara y procedió a levantar dicha inmunidad atendiendo a la eurorden cursada por el juez Pablo Llarena desde el Tribunal Supremo de España.
Fuentes jurídicas del Parlamento y la Comisión han mostrado su perplejidad ante los argumentos expuestos por el danés Lars Bay Larsen, vicepresidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre los que apela a la posible parcialidad del ponente del informe que se votó en el pleno del parlamento, alegando que dicho ponente pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox, partido que ejerció la acusación popular durante el juicio a los líderes secesionistas celebrado en el Tribunal Supremo.
Las fuentes comunitarias consultadas por El Debate consideran que el auto del vicepresidente del TJUE es «o bien una resolución de motivación política o bien basado en el desconocimiento de cómo funciona el Parlamento Europeo dado que el ponente del informe, el búlgaro Angel Dzhambazki, cumplía todos los requisitos para ser ponente debido a que era de un grupo político y un país diferente al de los diputados afectados por el proceso de levantamiento de inmunidad parlamentaria». Además, algunas voces con años de experiencia en las instituciones europeas ponen de manifiesto que «Larsen en su argumentación demuestra no haber leído el reglamento del Parlamento, ya que si bien Dzhambazki pertenece al mismo grupo que Vox no es menos cierto que los europarlamentarios de Vox comparten grupo político con la nacionalista Alianza NeoFlamenca, partido independentista flamenco, que ha defendido y apoyado públicamente a Puigdemont».
Entre los letrados de la Cámara también ha causado hilaridad la consideración del vicepresidente del TJUE de considerar que el presidente de la comisión de asuntos jurídicos, el eurodiputado español de Cs, Adrián Vázquez Lara «tiene un prejuicio personal contra los diputados». Una vez más desde los despachos del parlamento se valora esta consideración «impropia de un auto del TJUE. El presidente de una Comisión parlamentaria no tiene potestad para tomar decisiones unilaterales y la propuesta que surgió de la comisión presidida por el eurodiputado liberal fue luego votada por el plenario del Parlamento Europeo con lo que cabe considerar que Larsen con su resolución no desautoriza a un parlamentario sino a toda la institución».
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, a 25 de septiembre de 2021, en L’Alguer, Cerdeña (Italia)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, a 25 de septiembre de 2021, en L’Alguer, Cerdeña (Italia)Lorena Sopêna - Europa Press

Asimismo, desde los despachos de la Comisión se reflexiona sobre qué supone la deriva del TJUE hacia resoluciones y sentencias políticas «dado que la politización de resoluciones y sentencias ya ha llevado al desprestigio del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y puede llevar a los Estados miembros a dejar de reconocer la preminencia del derecho comunitario sobre el nacional y regresar al soberanismo legislativo». Altos funcionarios de la Comisión Europea consideran que, en el caso de que el alto Tribunal Europeo acabara fallando a favor de los argumentos de Puigdemont, el actual sistema de euroórdenes colapsaría y debería volverse a empezar de cero, lo cual sería un parón grave en el proceso de integración europea en materia judicial y de colaboración policial entre Estados miembros.

Efectos concretos de la suspensión cautelar de la inmunidad

Con esta suspensión cautelar, sucesos como la detención de Puigdemont en Cerdeña de septiembre de 2021 no podrán volver a suceder como mínimo hasta que haya sentencia firme. Las fuentes jurídicas a las que ha tenido acceso El Debate aclaran que el auto sobre cautelares de Puigdemont ha cambiado tres veces en un año y medio, lo cual se considera «sorprendente». El auto es una valoración previa a que el TJUE se introduzca en el fondo de la cuestión en la que los jueces valorarán si el Tribunal Supremo español es competente para levantamiento de la inmunidad, tal como solicitaba el juez Llarena, o debía ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, tal como alega la defensa de Puigdemont encabezada por el abogado condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla, Gonzalo Boye.
El próximo 14 de julio se espera la decisión sobre la prejudicial que solicitó el juez Llarena cuando Puigdemont fue detenido y posteriormente puesto en libertad en Alghero (Cerdeña). La decisión, que será pública en poco más de un mes, determinará si Bélgica ha aplicado correctamente o no la euroorden, para lo que el tribunal europeo valorará cinco aspectos y valorará cada uno de ellos, con lo cual la sentencia, a no ser que aceptara o rechazara los cinco aspectos, cosa que parece difícil, no será concluyente. Diga lo que diga el TJUE, la justicia belga puede acatar la sentencia o hacer caso omiso.

España responsable de la victoria argumental independentista

Son muchas las voces en Bruselas que muestran su sorpresa ante la inacción de España frente a la ofensiva constante del independentismo catalán. En la capital comunitaria muchas personas con posiciones decisivas tanto en el Parlamento como en el Consejo y la Comisión han acabado por asumir la idea de que Cataluña es un lugar homogéneo donde hay una clara mayoría independentista, y ni el último ministro de Exteriores de Mariano Rajoy, Dastis, ni González-Laya y el actual titular, Albares, han hecho nada para combatir el relato independentista. Solo Josep Borrell, afirman estas voces europeas, fue activo en combatir las fake news independentistas sobre Cataluña. «El problema catalán ha acabado siendo una fuente de desestabilización de las instituciones comunitarias y un factor de incomodidad en el que la dejación española es valorada por muchos como una claudicación».
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