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23 de abril de 2024

Montaje Rey y Arthur Mas

Asociación Española de Asesores Fiscales

La incongruencia de Hacienda: investigaciones a Don Juan Carlos y mano blanda con los líderes del 'procés'

La Agencia Tributaria es minuciosa a la hora de analizar los regalos a Don Juan Carlos, pero no ha abierto ninguna investigación a los líderes independentistas

«Cualquier tipo de relación económica de los seres humanos tendría que estar gravada». Es lo que dice a El Debate Esaú Alarcón, abogado fiscalista y miembro del Consejo Asesor Institucional de la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), cuando se le pregunta por la minuciosidad con la que Hacienda está estudiando los regalos, como cacerías, u otras invitaciones que ha recibido el Rey Don Juan Carlos. Llevado al absurdo, añade, «si nos invitan a comer nuestros suegros a casa, en realidad siguiendo esos mismos parámetros, eso nos llevaría a que, a salir de la casa, le tendríamos que retornar a los suegros, como mínimo, el coste de la comida que hemos tenido en su casa». Y eso es «una barbaridad», resume.
Y a todo ello hay que añadir, dice Alarcón, que «si ponemos en relación esas supuestas dádivas con otros donativos que han recibido otras personas públicas y que nadie tiene a bien denunciar, ni hacer actuaciones, empezando por la Fiscalía y acabando por la Agencia Tributaria, es una muestra de incongruencia». Se refiere el experto fiscal al dinero que han recibido los líderes independentistas de la llamada 'Caja de Solidaridad' para hacer frente a diferentes fianzas judiciales o multas. En el caso del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, el Tribunal de Cuenta le reclamó cinco millones de euros que abonó esta caja, por la organización del simulacro de consulta del 9N. Pero en total, de este instrumento ideado por los independentistas han salido unos 14 millones de euros destinados a los mismos fines.
Además, en el caso de Don Juan Carlos, Esaú Alarcón dice que hay una cuestión de tipo político. Como jefe del Estado y por su naturaleza, «lo normal es que la retribución de los reyes sea a través de invitaciones, comidas, etc. Es parte de su ADN, de su trabajo, de formar parte de la Monarquía. Y si no queremos Monarquía y sí una república, a ver si al nuevo jefe del Estado se le hace el mismo seguimiento».
Y hay una diferencia más entre la situación del Rey y los líderes independentistas. En el caso del Rey «estamos hablando de cifras de 3-4 dígitos, como máximo, y retribuciones en especie, no son pagos directos de dinero, sino que se le hace un regalo», precisa Alarcón. En cambio, los pagos a los encausados por el procés son «pagos dinerarios de 7 u 8 dígitos». La diferencia, señala, es bastante «aberrante».

Doble vara de medir

De entrada, Esaú Alarcón dice que hay que tener en cuanto una cuestión técnica. Es decir, si cuando se hace un donativo a una causa determinada, o a una persona, se tiene que tributar como tal, como una donación, como acto lucrativo en el impuesto de donaciones; o bien no tiene un ánimo de donar y, por lo tanto, es como una especie de ganancia no justificada para el contribuyente que tribute en el IRPF. Para Alarcón esto tiene mucha importancia por el riesgo fiscal y la administración tributaria competente.
En relación al riesgo fiscal, si «hablamos de donaciones de 10, 20 o 30 euros hechas por miles de personas, primero no va a llevar a un delito fiscal. Y es muy difícil de controlar. Y lo tendría que hacer la administración tributaria autonómica», explica el experto fiscal. En cambio, si se considera una renta que tributa en el IRPF la administración que tendría que actuar sería la Agencia Tributaria. Y, además, si se superan los 120.000 euros de cuota, se podría considerar que hay una actuación delictiva de la persona que no lo ha declarado.

Antecedentes

Esaú Alarcón recuerda que hay una consulta del año 2014 en relación a una caja de solidaridad que se hizo por parte de unos profesores en las Islas Baleares, y la propia Agencia Tributaria determinó que eran «ganancias no justificadas». Es decir, tenían que tributar en el IRPF, y eso supone que la tributación sea del 50 % aproximadamente de lo que se recibe. Y, además, al superar los 120.000 euros se estaría ante un posible delito fiscal. «Claro, comparado con lo del Rey no habría ni delito fiscal y en una retribución en especie, un regalo, un viaje o una escopeta, tiene más sentido que se considere una donación, y que tributara como tal. Además, la comunidad autónoma será la competente», resume Alarcón.

La Agencia Tributaria no actúa contra los líderes independentistas

«Es curioso porque hay también un informe de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña en el que se sigue ese criterio de la consulta», y, por lo tanto, reconoce que se podía inspeccionar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Pero ese informe, añade el abogado, «parece ser que, llegado a Madrid, se quedó en un cajón y nadie lo ha hecho valer, ni para que se inicie actuación de inspección, que no se conoce, ni para que la propia fiscalía en Cataluña haya abierto una investigación por posible delito a la Hacienda Pública».
Y para complicar un poco más la situación, hay una diferencia entre Artur Mas y el resto de encausados por el procés. Y es que, en mayo de 2020, en plena pandemia, se cambió la normativa en Cataluña, en el impuesto de sucesiones y donaciones para que se incluyera una norma por la que todos los donativos que se realizaran a cajas de solidaridad tuvieran una bonificación del 99 % en el impuesto de donaciones. Para Alarcón esto es «aberrante» y «un privilegio feudal prohibido por la Constitución», porque la ley, añade, «no puede prever privilegios ad hominem a personas concretas, y es precisamente una cosa que hacía esa ley». En definitiva, se inventó un mecanismo y por la puerta de atrás, para evitar que a partir del 1 de mayo de 2020 esas cajas de solidaridad tributen.
En cualquier caso, Esaú Alarcón recuerda que esta norma se podría haber impugnado ante el Tribunal Constitucional, lo podía haber hecho tanto el PSOE como el PP, «y ninguno de los dos lo hizo». Al final, sentencia, «el problema es que hay bastante impunidad para determinados casos. Y para otros se saca incluso de contexto cuestiones que son menores».
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