Un VTC de Cabify
Cataluña
El Parlament convalida el decreto que regula las VTC y que podría dejar en la calle a 3.000 trabajadores
La norma regula las condiciones que deberán cumplir los vehículos que prestan estos servicios a partir del 30 de septiembre
El Parlament ha dado luz verde al decreto que regulará las VTC a partir del 30 de septiembre, cuando expira el decreto del Gobierno por el que se regían hasta ahora. En concreto, la norma fija las condiciones que deben cumplir los vehículos que prestan estos servicios. Algunas de ellas, especialmente la que marca que los vehículos deben medir como mínimo 4,9 metros, ha indignado al sector de las VTC, que lamentan que hasta 3.000 personas podrían perder su trabajo, teniendo en cuenta que sólo un 5 % de los vehículos cumplen con este requisito.
Y, en concreto, Cabify asegura que sólo un 1 % de su flota de vehículos tiene una medida de al menos 4,9 metros. Se trataría de furgonetas y coches de alta gama, básicamente, según dicen desde el sector. Pero el decreto no sólo fija este requisito. Los conductores de las VTC no podrán circular por la calle en busca de clientes y deberían transcurrir un mínimo de quince minutos entre la contratación y el servicio. Las VTC también deberán llevar un año como mínimo domiciliadas en Cataluña; los conductores deberán contar con un seguro análogo al de los taxistas y los nuevos vehículos, obligatoriamente, tendrán que ser ECO o 0 emisiones. Se podrán imponer multas de hasta 6.000 euros para los que trabajen sin autorización y de hasta 4.000 a los que recojan sin reserva previa, por ejemplo.
El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, dice que se busca garantizar la «convivencia pacífica» mientras no se aclare el escenario legal definitivo. Y ha defendido que el texto se ha consensuado con los grupos parlamentarios y con el sector. PSC, ERC, Junts, CUP y comunes han votado a favor del decreto, mientras que Vox, Cs y PP lo han hecho en contra. Estos tres grupos consideran, entre otras cuestiones, que no permite que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes opciones, además de que corren peligro miles de puestos de trabajo.
Desde Cabify aseguran que la decisión «atenta contra el interés general y de los intereses de los ciudadanos sin tener ninguna consideración con los miles de puestos de trabajo que genera el sector», aseguraba Javier Dorado, director de asuntos públicos de la plataforma. También ha dejado claro que el decreto va «en dirección contraria» al resto de grandes ciudades europeas, que sí apuestan por la «convivencia» entre opciones de movilidad alternativas. Aún así, Dorado dice que la intención de Cabify es «seguir trabajando en Cataluña, donde tenemos un millón de usuarios» y ha negado que tengan intención de llevarse los coches a otras comunidades autónomas, que es lo que temen precisamente muchos conductores de VTC.
En cambio, desde el sector del taxi se muestran muy satisfechos. El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, dice que con la aprobación del decreto se cierra una etapa de «conflicto muy fuerte» y ha criticado el modelo «monopolístico, anticompetitivo y explotador» de las VTC, que, considera, ahora lo tendrán «muy complicado» en Cataluña. También ha negado que la nueva ley suponga que muchos conductores pierdan su trabajo.
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