Pablo Casado, expresidente del PP
Cataluña
Casado admite que no contrastó su acusación sobre profesores que no dejaban ir al baño a los niños si no lo pedían en catalán
El exlíder del PP ha declarado por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona acusado de injurias, calumnias y delito de odio
El expresidente del PP, Pablo Casado, aseguró durante un acto en La Coruña, que en Cataluña «hay profesores con instrucciones de no dejar ir al lavabo a niños porque hablan castellano» frase por la que la Generalitat se querelló. Hoy, ante el juez del Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha reconocido que no contrastó esa información, que «las sacó de los medios de comunicación y, como la Generalitat no se había querellado, las daba por buenas», segúnfuentes jurídicas.
La declaración de Casado ha sido corta, ha durado una hora y sólo ha respondido a preguntas del juez y de su abogado. Eso sí, ha dejado claro que «lo volvería a hacer», porque su intención era «denunciar consignas de ERC y Junts», según fuentes presentes en la Sala, y defender a la familia de Canet de Mar (Barcelona), que estaba siendo acosada por haber conseguido que su hijo recibiera al menos un 25% de clases en español.
«Denunciar consignas de ERC y Junts»
Casado ha apelado a su derecho a la inviolabilidad parlamentaria al ser diputado, aunque el juez ha negado que tenga este amparo y, «al ser preguntado por si había recibido un trato diferente por estas declaraciones, ha dicho que sí, porque muchos parlamentarios catalanes han dicho muchas cosas dentro del Parlament y no se les ha perseguido», han añadido estas fuentes.
El juez admitió a trámite la querella que la Generalitat presentó contra el exdirigente del PP después de que el Tribunal Supremo (TS) archivara la investigación que tenía sobre el mismo caso porque Casado ya no era aforado al dejar su escaño en el Congreso.
Al recibir esta nueva querella de la Generalitat, los juzgados de Barcelona plantearon enviar el caso a los juzgados de La Coruña, donde Casado hizo estas declaraciones, pero la administración catalana lo recurrió y finalmente se investiga en Barcelona.
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