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29 de marzo de 2024

Policía Nacional en las protestas independentistas de Barcelona en 2017

Policía Nacional en las protestas independentistas de Barcelona en 2017GTRES

Cataluña

El juez investiga a Argimon por el retraso en la vacunación contra la COVID a policías y guardias civiles

Jupol considera que la decisión confirma «la injusticia sufrida por miles de agentes»

El exconsejero de Salud, Josep Maria Argimon deberá declarar ante el juez como investigado por haber retrasado, presuntamente, la vacunación contra la covid a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña. Según el juez, hay «indicios» de que tanto Argimon, que entonces era secretario de Salud Pública, tuvo «participación en la decisión de paralizar la vacunación a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
También el juez ha citado como testigos a Marc Ramentol, exsecretario general de Salud; al teniente coronel de la Guardia Civil responsable de la vacunación de Cataluña, Esteban Gómez, y al coordinador y responsable del proceso de vacunación de la Policía Nacional, Daniel Rapado, «para saber cómo y a través de qué persona se recibió la comunicación de paralizar la vacunación».
En cambio, no considera necesario que declaren los jefes superiores de Policía de las cuatro provincias catalanas, ni el general jefe de zona de la Guardia Civil, la Delegada del Gobierno, ni la entonces consejera de Salud, Alba Vergés. Es más, en este último caso, el magistrado dice que hasta ahora nadie le ha atribuido ninguna participación en la toma de decisiones sobre ese retraso en la vacunación, y, de hecho, sindicatos policiales interpusieron una querella criminal contra ella que no fue admitida a trámite.
Los hechos se remontan a marzo de 2021. La vacunación a los agentes de la Policía Nacional y de Guardia civil empezó un 11 de marzo, pero a principios de abril se suspendió, cuando se decidió que la vacuna de AstraZeneca (la que se les estaba suministrando hasta entonces) sólo podía ir destinada a personas de ente 60 y 69 años. Esta era una de las explicaciones que daba el gobierno catalán para ese retraso. Esa y que les había llegado muy tarde el censo de agentes a vacunar.

El TSJC obligó a la Generalitat

Los sindicatos policiales denunciaron que la Generalitat se estaba saltando la estrategia de vacunación estatal contra la COVID y llevaron el asunto a los tribunales. Y, de hecho, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que ordenó a la Generalitat que reanudara la vacunación de los agentes, le dio un plazo de diez días, y basaba su decisión en un informe de la propia administración catalana. Informe, que, según el tribunal, contenían datos muy «elocuentes». Así, por ejemplo, con fecha 22 de abril de 2021, un 80 % de los Mossos d'Esquadra, un 71 % de policías locales, un 79 % de agentes de la Guardia Urbana estaban vacunados, frente a un 9,9 % de policías nacionales y un 6,3 % de agentes de la Guardia Civil.
En un comunicado tras conocerse la investigación a Argimon, Jupol ha dicho que esta decisión del juez «no hace más que confirmar la injusticia sufrida por miles de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y vuelve a poner de manifiesto el trato discriminatorio que reciben las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de la Generalitat». También ha mostrado su satisfacción por la decisión y ha reclamado depurar responsabilidades y «que desaparezcan las desigualdades y la discriminación» contra estos agentes.
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