La Generalitat hace oídos sordos a la fuga de empresas y asegura que la «seguridad jurídica» las hará volver

2024 fue el peor año en las cifras de fuga de empresas de Cataluña desde 2018. De hecho, la comunidad encadena diez años perdiendo empresas en cifras netas –esto es, descontando entradas y salidas–. El año pasado, la resta de altas y bajas empresariales arrojó un resultado negativo de 371 empresas, casi triplicando las cifras de 2023

Se trata de un dato contundente que, sin embargo, el gobierno catalán parece ignorar, aferrado a un discurso triunfalista que hace oídos sordos a estas estadísticas. Así se desprende de la entrevista concedida a Crónica Global este lunes por el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en la que asegura que «más empresas tomarán la decisión» de regresar a Cataluña, siguiendo el ejemplo del Banco Sabadell.

Según Sàmper, esto se debe a que «hay certeza jurídica y se ha apaciguado la inseguridad que se había creado». Sin embargo, preguntado sobre si el gobierno catalán tiene un plan para la vuelta de más empresas, Sàmper ha confesado que no.

«No hemos hecho nada de forma expresa, pero hemos intentado desde el día uno en el Govern generar un escenario jurídico seguro, que las cosas sean previsibles. Y está dando resultado», ha dicho, a pesar de que por ahora solo son cuatro las grandes empresas que han regresado tras haberse marchado: Aguas de Barcelona, Red Points, Laboratorios Ordesa y Cementos Molins.

Coche eléctrico y burocracia

En la entrevista, Sàmper también se ha referido al impulso del vehículo eléctrico, del que ha afirmado que es «uno de los proyectos» en los que más creen. Sin embargo, ve tres problemas: hacer que la energía llegue a todos los puntos del territorio, la autonomía -sobre la que ha indicado que el fabricante tiene la obligación de alargarla- y su precio, ya que considera que se debe «democratizar» la adquisición de un vehículo eléctrico.

Sobre la crítica de la patronal al exceso de burocracia, se ha mostrado «completamente de acuerdo» con ella añadiendo que es, a su juicio, un problema muy importante y ha expresado que el Govern está trabajando en un plan que supondrá un ahorro del 30% del tiempo de las empresas, con una previsión de impacto económico de 1.700 millones de euros.