Cataluña apuesta por la abolición del trabajo sexual en su nueva estrategia de igualdad

El Gobierno catalán incorporará por primera vez la lucha contra la prostitución como eje estratégico en su política de igualdad, según revela El Periódico. Esta medida convertirá al Ejecutivo autonómico en pionero en España al adoptar oficialmente una postura abolicionista dentro de sus planes gubernamentales.

La iniciativa, que será incluida en el próximo Plan Estratégico de Políticas de Igualdad de Género (PEPIG), responde a una decisión política del PSC, que considera la prostitución como una forma de violencia estructural hacia las mujeres, informa el citado diario.

Sonia Guerra, presidenta del Institut Català de les Dones y arquitecta del proyecto, detalla que las acciones previstas abarcarán desde la sensibilización ciudadana hasta la formación en centros educativos. «Reconocemos las diferentes sensibilidades que existen, pero nuestra posición es firme», explica al rotativo catalán.

La medida supone un cambio de paradigma frente a la legislación española actual, que mantiene la prostitución en un limbo legal donde no está ni prohibida ni regulada como actividad laboral. El Gobierno del Estado lleva años intentando reformar esta situación sin conseguir el consenso necesario.

División feminista: libertad versus explotación

El anuncio reabre uno de los debates más complejos del feminismo contemporáneo, que desde hace décadas divide a teóricas y activistas. Estefanía Acién, investigadora especializada de la Universidad de Almería, explica a El Periódico las dos corrientes principales que configuran este conflicto ideológico.

Un sector del movimiento feminista, conocido como «proderechos», defiende que criminalizar o abolir la prostitución perjudica a las propias trabajadoras sexuales. Estas feministas abogan por la regulación laboral, el reconocimiento de derechos sociales y el fin del estigma, argumentando que muchas mujeres ejercen por elección propia.

En el extremo opuesto, las abolicionistas consideran imposible separar la prostitución del sistema patriarcal y la desigualdad económica. Para esta corriente, representada ahora por el Gobierno catalán, el trabajo sexual constituye una manifestación más de la dominación masculina que debe ser erradicada mediante políticas públicas específicas.

El plan catalán prevé sanciones más duras para proxenetas, multas para clientes y programas de «salida» para las mujeres, evitando penalizar a quienes ejercen. Esta aproximación coincide con modelos aplicados en países como Suecia o Francia.

Guerra indica a El Periódico que este será el primer plan de igualdad redactado íntegramente por un gobierno socialista en Cataluña, con el objetivo de centralizar acciones que anteriormente funcionaban dispersas. El documento, que renovará el vigente hasta 2022, pretende «abrir nuevos horizontes» en las políticas igualitarias autonómicas.