Illa contratará a 100 inspectores para multar a los propietarios que incumplan la Ley de Vivienda

El gobierno de la Generalitat, presidido por el socialista Salvador Illa, ha pactado con los Comunes la creación de un cuerpo de 100 inspectores para aplicar las sanciones de la Ley de Vivienda catalana. Este cuerpo, según han anunciado en rueda de prensa este martes los diputados David Cid y Susana Segovia, se aprobará hoy en la reunión del Consejo Ejecutivo y debería estar operativo antes de que llegue 2026.

La implantación de este cuerpo de inspectores era una exigencia que los Comunes –la marca catalana de Sumar– habían puesto como condición al ejecutivo socialista para dar su apoyo al segundo suplemento de crédito del gobierno catalán, aprobado en mayo como sustituto de los Presupuestos. «Serán 100 personas con todas las potestades para poder inspeccionar y sancionar, y por tanto será un cuerpo blindado jurídicamente», ha valorado Segovia.

Serán 100 plazas de funcionario adscritas a la Agencia Catalana de Vivienda, algo importante, ya que «sólo los funcionarios tienen la potestad para sancionar», como ha recordado Segovia. El Parlament también tendrá que realizar modificaciones legislativas durante la tramitación del decreto de medidas urgentes sobre vivienda y urbanismo, que se prevé que tengan la luz verde en octubre.

La ampliación de los recursos de personal de la Agència Catalana de l'Habitatge serán de unos 5,9 millones para incorporar estas plazas, ha detallado Segovia, y aunque para finales de año pueden no haberse cubierto las 100 plazas, la Generalitat y los Comunes han acordado que el cuerpo de inspectores esté en marcha en «aproximadamente unos tres meses».

50 en Barcelona

Los Comunes insisten en que la motivación de este cuerpo no es «recaudar», sino obligar a cumplir la ley. De los 100 inspectores, la mitad estarán desplegados en el área metropolitana de Barcelona, por ser la zona más tensionada, mientras que el resto se repartirán por el resto de Cataluña: 13 en la veguería de Gerona; 12 en la de Tarragona; cinco en las de Lérida, las Terres de l’Ebre, el Penedés y la Cataluña Central; cuatro en el Alt Pirineu, y uno en la Vall d’Aran.

Sin embargo, tanto Cid como Segovia han alertado a Illa de que todavía debe cumplir con varios acuerdos «pendientes», como el impulso al parque de vivienda de protección oficial, el despliegue de la unidad antidesahucios, el registro de los grandes tenedores o una campaña de publicidad institucional sobre la ley de contención de rendas. Todos ellos son, dicen, necesarios antes de negociar los Presupuestos de 2026.