El gobierno de Illa denuncia el «trato vejatorio» recibido por los activistas de la Flotilla

La consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha expresado la profunda preocupación del Ejecutivo catalán por el impacto que ha tenido en el plano personal la interceptación, por parte de Israel, de la llamada Flotilla de la Libertad. «Lo que explican los miembros de la Flotilla no parece que sea un trato adecuado, y menos para personas que estaban en misión humanitaria y de paz», ha precisado Paneque durante la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo.

Entre los miembros de la expedición había un grupo de catalanes, entre ellos la diputada de la CUP Pilar Castillejo, el concejal de ERC Jordi Coronas o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que han hablado de horas de interrogatorios, incomunicación y situaciones de tensión y humillación. Para Paneque estos hechos pueden ser considerados como «tratos vejatorios», si es que se confirman tal y como los han denunciado los afectados.

«Esta situación y el genocidio que el Govern condena desde hace semanas han hecho, además, que el ejecutivo se comprometa a estudiar caso por caso dentro de sus competencias para evitar mantener ninguna relación con Israel», ha añadido Paneque.

Se trata de una postura progresiva, ha recordado la portavoz, que el Govern ha ido perfilando en las últimas semanas y «va asumiendo las decisiones que le corresponden en función de las circunstancias de cada momento; estudia caso por caso y va analizando; y en la medida de sus competencias, la posición del Govern es que no haya relaciones con Israel para poner de relieve esta situación del genocidio», ha insistido Paneque.

Aunque el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no se ha puesto aún en contacto directo con los activistas, Paneque no ha descartado «que esto se pueda acabar haciendo». En cambio, defiende la portavoz del ejecutivo, el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Jaume Duch, ha estado «en todo momento» haciendo gestiones diplomáticas y «poniendo recursos económicos y materiales» para facilitar el retorno más seguro y rápido de los detenidos.

Además, el ejecutivo catalán ha puesto a disposición de los miembros de la Flotilla la asistencia jurídica de la Generalitat, un servicio que ofrece apoyo legal en asuntos internacionales. «El Govern asegura que de momento ninguno de los activistas la ha solicitado», ha precisado la portavoz, que también ha subrayado la disponibilidad abierta por si los relatos de supuestas vejaciones se traducen en acciones judiciales.