agua
Martorell (Barcelona) multará con hasta 750 euros a los vecinos que llenen garrafas de agua en fuentes públicas
Una plataforma ciudadana denuncia que la medida persigue a las familias más vulnerables mientras el ayuntamiento endurece también las sanciones por colocar carteles
El consistorio de la localidad barcelonesa ha dado luz verde a una controvertida reforma normativa que prohíbe utilizar recipientes para almacenar agua de las fuentes municipales. La decisión, respaldada por el gobierno de coalición entre Junts y PSC —que cuenta con mayoría absoluta en el pleno—, establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 750 euros para quienes incumplan la prohibición.
La modificación de la ordenanza no se queda ahí. El mismo paquete normativo aprobado el lunes por la noche endurece también las penalizaciones por fijar propaganda en espacios no autorizados. Colgar una pancarta o cartel en farolas, muros o marquesinas de autobús se convertirá en una infracción grave, sancionable con multas que oscilan entre 751 y 1.500 euros.
Movilización vecinal contra la restricción
La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Bajo el nombre de Alianza por el Acceso al Agua, un colectivo vecinal ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para frenar lo que consideran «un castigo dirigido contra los sectores más desfavorecidos de la población».
Desde esta plataforma señalan que las fuentes públicas llevan semanas clausuradas por decisión municipal, y ven en la nueva prohibición un endurecimiento incomprensible. «Estamos hablando de un derecho humano básico, no de un lujo», argumentan los promotores de la iniciativa, que califican la medida de arbitraria e injustificada.
Sin motivos económicos ni problemas de orden público
En su manifiesto, la Alianza por el Acceso al Agua desmonta los posibles argumentos a favor de la restricción. Aseguran que no existe impacto económico para las arcas municipales, ya que los costes del agua los asume la compañía privada concesionaria del servicio. Tampoco identifican razones de seguridad ciudadana: según la plataforma, nunca se han registrado incidentes ni quejas relacionadas con el llenado de garrafas en espacios públicos.
«No hay ningún problema real que justifique privar a toda la ciudadanía del acceso al agua», sostienen a la Agència Catalana de Notícies. Para la organización vecinal, la verdadera intención detrás de la medida es puramente electoralista: «Buscan contentar al voto del resentimiento y marcar territorio frente a la extrema derecha de cara a las próximas municipales», denuncian, en una referencia velada a la creciente tensión por las ocupaciones de viviendas en el municipio.
Exigencias y advertencias
La plataforma ha presentado tres demandas concretas al gobierno municipal: reapertura inmediata de todas las fuentes públicas, retirada de la reforma de la ordenanza de convivencia y apertura de un diálogo real con las asociaciones locales y las comunidades afectadas.
«Rechazamos de plano que se señale, multe o estigmatice a familias que ya viven en situación precaria. Es responsabilidad del ayuntamiento ofrecer soluciones efectivas, no criminalizar una necesidad tan elemental», concluye el comunicado del colectivo.
