Carolina Vives y Ximo Coll
Los dos alcaldes de Alicante investigados por vacunación irregular, citados a declarar
Ximo Coll y Carolina Vives acudirán al Juzgado de Instrucción número 2 de Denia el 12 de noviembre
Los alcaldes socialistas de los municipios alicantinos de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, respectivamente, han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 12 de noviembre ante el juzgado por su vacunación contra la covid presuntamente irregular.
Según han informado este jueves fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los dos alcaldes han sido citados a declarar como investigados a las 11.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Denia (Alicante).
Los dos alcaldes, que son matrimonio, están personados en la causa, han señalado las mismas fuentes.
La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Dénia incoó diligencias previas para investigar la vacunación contra la covid de ambos regidores en un centro de salud el pasado 8 de enero.
El PSPV-PSOE expedientó y suspendió cautelarmente de militancia a los dos alcaldes, después de conocerse que fueron vacunados ese día en un centro de salud de El Verger.
La magistrada abrió esta investigación tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra los dos regidores por la presunta comisión de un delito de cohecho pasivo impropio, según fuentes judiciales.
Otro alcalde de la provincia de Alicante también investigado por haber sido vacunado supuestamente de forma irregular es el de La Nucía, Bernabé Cano, del PP.
En este caso concreto, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa (Alicante), Consuelo María Martínez, aprecia los posibles delitos de prevaricación administrativa y cohecho en la vacunación contra la covid de Cano en una residencia geriátrica de La Nucía durante los primeros días de la inoculación de las dosis.
En un auto de incoación de procedimiento abreviado, esta juez observa indicios de los supuestos delitos de cohecho y prevaricación administrativa, que conllevan penas máximas inferiores a los 9 años de prisión.
La juez desestimó la petición de sobreseimiento y archivo del procedimiento solicitada por el abogado de Cano y, en cambio, trasladó las diligencias previas al ministerio fiscal y a las acusaciones personadas.
Comentarios
