La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra
Mónica Oltra suma y sigue: denunciada por «detención ilegal, obstrucción a la Justicia y prevaricación»
Un juzgado de Castellón amplía la denuncia sobre la exvicepresidenta
Dijo la nueva vicepresidenta del Gobierno Valenciano que se mostraba «orgullosa» del legado de su antecesora, Mónica Oltra. Pues con ello va a empezar a asumir cierta herencia ya que, según ha anunciado el Juzgado de Instrucción Número 3 de Castellón, se ha procedido a admitir a trámite la ampliación de la querella que hace unos meses interpusieron unos miembros de una familia de un municipio de Castellón. Dicho procedimiento iba dirigido hacia la ex vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, así como otros altos cargos y técnicos de la Conselleria de Igualdad. Tanto a ella como al los otros altos cargos implicados.
A todos ellos se les implican delitos de supuestos delitos de detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la Justicia, a los que ahora se suma el de coacciones.
Asimismo, la denuncia también se amplía al delegado, Luis Gómez; la ex delegada Carmen Fenollosa; María Jesús Fernández, responsable del área de Familias y Adopciones, así como a la trabajadora social Nuria Del Río.
Según denuncian Carmen Montaño y Juan Francisco Guijarro, su nieta se encuentra «bajo los cuidados de una unidad familiar externa sin ningún parentesco».
Por si no fuera poco piden que la Conselleria antes de Oltra y ahora de Mas y que la niña «pueda conocer a su hermano, que sí está al cuidado de sus abuelos».
De este modo, y según recogen medios locales, los motivos eran que la Conselleria no reconocía a los abuelos paternos de la menor la custodia para la acogida de su nieta, que en la actualidad se encuentra bajo los cuidados de una unidad familiar externa sin ningún parentesco.
Este no es el primer caso respecto a abuso a menores que afectan a la Conselleria de Igualdad. Más allá de lo referente al exmarido de Oltra, el organismo público sigue investigando casos como los de Elda u otros centros, donde la Generalitat es quien custodia judicialmente.
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