Ximo Puig y Pedro Sánchez
Comunidad Valenciana Puig evidencia su poco peso ante Sánchez al no lograr compromisos para la Comunidad Valenciana
Su escasa influencia nacional también se refleja en que ni Elche ni Alicante han conseguido ser sede de organismos descentralizados por el Gobierno
Con motivo del día de la Carta Magna, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se puso el traje de constitucionalista. En su discurso institucional, el jefe del Ejecutivo regional abogó por lograr «grandes acuerdos por una financiación justa, asegurar el agua y asumir el Estado autonómico».
Sin embargo, las palabras de Puig hacen ver que su peso como barón socialista y presidente autonómico en Madrid no pasa por su mejor momento.
Los tres temas apuntados por Puig no dejan de ser reivindicaciones históricas de la Comunidad Valenciana hacia el Gobierno central, cuya consecución se repite una y otra vez, tantas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las obvia y aparca.
En materia de financiación autonómica, cada vez que comienzan las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Puig asegura que va a arrancarles a Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el compromiso para abordar la reforma del sistema.
«Debería dimitir»
En cambio, pasan los años y los PGE y ni siquiera hay visos de que el Gobierno se plantee tratar el cambio del modelo de financiación autonómica. Es más, mientras las reclamaciones valencianas no tienen cabida en las cuentas públicas, sí se aceptan las exigencias de socios indispensables para Sánchez como el PNV, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o Bildu.
Al respecto, el diputado nacional del Partido Popular Vicente Betoret califica de «vergüenza» que Puig «permita que le toreen» con el modelo de financiación y por ello «debería dimitir».
Sobre ello, el popular también señala directamente al diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví: «Va dando lecciones y debería ser el primero en entonar el mea culpa, reconocer que le engañan continuamente y que es la muleta del Gobierno socialista para todos sus desmanes».
En cuanto al agua, está siendo uno de los temas que en los últimos días lleva de cabeza al tripartito de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. La decisión del Ministerio de Transición Ecológica de aumentar el caudal del río Tajo y recortar el trasvase con el Segura no ha sentado bien a los regantes y agricultores del Levante español.
El sector advierte una decisión meramente política y que no responde a ningún motivo técnico ni medioambiental. Del mismo modo, los profesionales creen que se ha tomado para plegarse a los intereses del Gobierno de Castilla-La Mancha y que desde el valenciano no se han hecho todos los esfuerzos para mantener el trasvase en los parámetros que tenía hasta la fecha.
Un ejemplo de ello es la reacción de Puig a la medida del departamento de Teresa Ribera, tibia y sin alzar la voz frente al Gobierno a la hora de criticar la decisión. Esa actitud contrasta con la del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras y del de la Diputación de Alicante y candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón.
El presidente murciano, Fernando López Miras, y el de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón.
Ambos han construido un tándem combativo con el Gobierno para revertir cualquier recorte que se pudiera llevar a cabo en el trasvase Tajo-Segura al que no se ha sumado el Ejecutivo valenciano, más centrado en las buenas palabras y en no confrontar –una vez más– con el Palacio de la Moncloa.
En opinión de Betoret, el hecho de que el presidente valenciano «consienta» el recorte en la infraestructura hídrica también lo define como una «absoluta vergüenza», por lo que, de nuevo, «debería dimitir».
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, prevé que el recorte en el trasvase va a ser «el clavo casi definitivo en el ataúd» de la obra hídrica.
El tercer asunto que tocó Puig para conseguir un gran acuerdo fue el del modelo autonómico. Según el diputado popular, los socialistas «no tienen modelo de Estado» y aunque hablan de federalismo, Betoret señala que es «mera propaganda». «Su modelo territorial cambia según lo que les vayan exigiendo sus socios catalanistas, independentistas y filoterroristas», indica el parlamentario, que también cree que su política al respecto se basa en «las necesidades de su líder carismático, el señor Sánchez».
Si todo ello refleja la paulatina pérdida de influencia de Puig más allá de los límites de la Comunidad Valenciana, los logros de la ministra de Ciencia, Diana Morant, no están siendo destacables para su tierra.
Nombrada ministra en la remodelación del Gobierno que llevó a cabo Sánchez en julio de 2021, algunos analistas vieron en su elección una suerte de operación política para, con vistas a las elecciones autonómicas de mayo de 2023, dar el salto y ser la candidata a la alcaldía de Valencia.
Sea como fuere, la verdad es que en los últimos días las ciudades de Alicante y Elche han visto cómo sus opciones para albergar las sedes de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y la Agencia Espacial, respectivamente, se iban por el sumidero al ser elegidas La Coruña y Sevilla.
Para Betoret, todos estos hechos reflejan que Puig es un «holograma, una persona a la que se ve, pero que no ejerce ningún tipo de acción». Preguntado sobre el papel de Morant, el popular incide en la misma idea y cataloga a la exalcaldesa de Gandía como «una figura de cera dentro del Consejo de Ministros». Por tanto, para el diputado, «ni Puig ni Morant pintan nada».
Asimismo, Llanos coincide con Betoret en que el presidente valenciano «no pinta nada para el Gobierno de la Nación» y las consecuencias de esa posición la están pagando «todos los valencianos».
Así, en Vox también inciden en la que Puig no tiene «ninguna influencia», aunque aseguran que el caso de Morant es «peor» porque «no ha sido capaz de poner en valor la Comunidad Valenciana para la atracción de estas dos sedes».
Por ello, la formación de Santiago Abascal lamenta el «escaso peso que en estos momentos tiene el socialismo valenciano», a pesar de que en la elección de las sedes descartadas en Elche y Alicante, a su juicio, «haya primado más la cuestión política que la objetividad».
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