El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo PuigROBER SOLSONA/EP

Comunidad Valenciana  Puig extrema su ingeniería social y pretende controlar la participación ciudadana

El tripartito presenta un Proyecto de Ley «ideológico» en el que anhela determinar quién, cómo y de qué se habla

Una de las características más reconocibles de los autodenominados gobiernos del cambio que surgieron tras las elecciones de 2015 es la tendencia sistemática a arrogarse la representatividad de la sociedad en su conjunto, como si se tratara de una masa uniforme.
Esta clase de partidos y movimientos sabe a la perfección que en un sistema democrático que no sea excesivamente endeble, lograr la pretensión de una sociedad homogeneizada al servicio de sus postulados resulta una quimera.
Sin embargo, el hecho de anteponer la ideología a cualquier otro aspecto les lleva a ejecutar procedimientos de ingeniería social para moldear las mentes de los ciudadanos.
Un buen ejemplo puede ser lo que está sucediendo en la Comunidad Valenciana. Con una celeridad nunca antes vista por ejemplo, a la hora de crear comisiones de investigación sobre los casos Oltra o Azud, el tripartito de izquierdas ha presentado el denominado Proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunidad Valenciana.

«Dirigir los procesos»

El dominio que los populismos tienen sobre la retórica y la lingüística cognitiva es incuestionable.
Muestra de ello son las afirmaciones de Pablo Iglesias en 2016: «Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa (…). La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado (…). La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política». Ahí es poco.
En base a ese enfoque metodológico, el Gobierno presidido por Ximo Puig, más allá de las connotaciones afables de los términos, lo que pretende es llevar al extremo su proyecto de ingeniería social controlando los mecanismos de participación ciudadana.
El candidato de Vox a la Generalitat Valenciana y miembro del Consejo Valenciano de Transparencia, Carlos Flores Juberías, ya lo dejó bien claro en las Cortes Valencianas, cuando criticó la «clara impronta estatista de su articulado»:
«Se manifiesta, por una parte, en la permanente aspiración a dirigir y tutelar los procesos de participación ciudadana», aseguró.
Con esta afirmación, el también Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia se refirió al artículo 11.2 del texto en el que literalmente se expone que serán las administraciones públicas quienes determinarán «los colectivos llamados a participar, la metodología del proceso de deliberación y la duración máxima». En otras palabras, un férreo control de quién, de qué y cuánto habla no vaya a ser que tronche los planteamientos ideológicos del tripartito.
En opinión de Flores, de aprobarse esto supondría «acabar con el concepto mismo de sociedad civil». En este sentido, el candidato de Vox señala que el proyecto legislativo del tripartito «adolece de un preocupante tono paternalista».
También critica que el texto «se atreve a reconocer derechos que derivan de la propia Constitución Española» e, incluso, que «no precisan de reconocimiento legal». Entre estos, están los tradicionales en el marco mental de la izquierda como el de promover «plataformas de toda clase».
Asimismo, la iniciativa impulsada por la consejera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, también tendría un «sesgo antiparlamentario», puesto que únicamente menciona a las Cortes Valencianas «en una ocasión» y para colmo lo hace para «apartarlas de los procedimientos de participación».
Con ello, la intención del Ejecutivo regional no es otra que, según afirma Flores, que el «genuino representante de la voluntad de los valencianos» quede fuera «del debate político».
Uno de los segmentos sociales donde la acción de populistas y nacionalistas se centra es en la infancia. A un adulto con opinión crítica y formada y con una vida encarrilada es francamente difícil llevarle a posiciones tan extremas.
Exposición reivindicativa de la II República en un colegio de Valencia.

Exposición reivindicativa de la II República en un colegio de ValenciaVOX

Por ello, la intención de Puig y los suyos es la de incorporar a los menores a la toma de decisiones sobre el devenir de la Comunidad. Así pues, si nadie lo remedia, estos tendrán la potestad de decidir sobre las partidas de, por ejemplo, los Presupuestos de la Generalitat a pesar de que, en palabras del candidato de Vox, no hayan «alcanzado el grado de madurez e independencia de criterio necesarios».
El catedrático destaca dos últimos aspectos. Uno es que la norma marginaría tanto a los inmigrantes que residen legalmente en la región, como a los valencianos que viven fuera de España o en otras comunidades autónomas del país. En todos estos casos, se estaría generando una situación de «exclusión».
En el segundo se deja entrever que el objetivo del tripartito junto al adoctrinamiento no es otro que el 'postureo'.
Según explica Flores, en el articulado subyace un «planteamiento ideológico», ya que la «actual mayoría parlamentaria no ha hecho esfuerzo alguno por la revitalización de las instituciones participativas ya existentes».
Además, recalca su formulación «redundante», puesto que reconoce «derechos que ya se hallan consagrados y desarrollados en otros textos normativos».
En el mismo sentido apunta el diputado autonómico del Partido Popular Nando Pastor, que indica que la materia en cuestión ya «venía regulada en la Ley 2/2015 de Buen Gobierno y Participación Ciudadana que tramitó el último Gobierno del PP».
Según el parlamentario, el problema de PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem es que «presos del complejo», sacaron una ley de Transparencia y «dejaron descolgada» la Participación: «Era superior a ellos que la Ley de Transparencia fuese del PP, no lo admitían. Ahora la están tramitando y es un desparrame legislativo», asevera Pastor.
Del mismo modo, el popular resalta la maraña en que se ha convertido el nuevo texto: «La Participación en nuestra ley se regulaba con diez artículos y ellos presentan cincuenta para decir lo mismo. Complican lo que podría ser más sencillo y eso no es bueno porque cuantas menos leyes y menos tutelas, mejor».
Para finalizar, Pastor advierte que su partido va a estar «atento» a la manera en que se gestiona «la participación vía educación» porque los valencianos ya saben «cómo se las gasta el tripartito».
No cabe olvidar que el panorama que dibujan las encuestas con vistas a las elecciones del 28 de mayo es el de igualdad absoluta. Por tanto, aunque socialistas, nacionalistas y comunistas puedan perder el poder, harán lo imposible por dejar plantada la semilla ideológica pensando en una hipotética vuelta al Gobierno.
Comentarios
tracking