La jueza de la dana solicita a Emergencias que identifique a los habilitados para enviar el Es-Alert

La investigación judicial sobre la gestión de la dana en la Comunidad Valenciana suma nuevos avances. La jueza que instruye el caso desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha solicitado a Emergencias de la Generalitat que identifique a todas las personas que, a fecha del 29 de octubre de 2024, estaban autorizadas para redactar y validar los mensajes del sistema Es-Alert, la herramienta de avisos masivos a la población en situaciones de emergencia.

Tras autorizar esta diligencia, solicitada por la acusación que ejerce Ciudadanos, la jueza señala que «lo decisivo no era el medio utilizado, un mensaje a los móviles, sino que llegase a la población de forma correcta», y señala que, por las explicaciones que dio la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, el sistema Es_Alert «sería prácticamente inoperativo en una situación de emergencia».

A juicio de la magistrada, lo esencial era que la ciudadanía recibiera una comunicación clara, fiable y emitida por una fuente con suficiente autoridad institucional, que diera cuenta de la gravedad del riesgo y de la necesidad de seguir instrucciones precisas.

La magistrada considera que esta idea responde al «sentido común», y afirma que incluso el propio mensaje enviado a las 20:11 horas del 29 de octubre reflejaba esa carencia de contundencia, al limitarse a advertir de que había que permanecer atentos a futuros avisos. Según argumenta, esa información pudo haber llegado a través del sistema Es-Alert, pero también mediante otros canales oficiales, redes sociales, medios de comunicación generalistas o la radiotelevisión pública valenciana.

Para la instructora, cualquiera de estas vías habría sido válida para difundir una alerta efectiva que protegiera a la población. Sin embargo, lamenta que ese mensaje «nunca llegó», lo que refuerza la tesis de una posible deficiencia en la gestión de la emergencia.

Cuatro nuevos autos

Esta solicitud forma parte de una batería de diligencias incluidas en cuatro nuevos autos emitidos por la magistrada, en los que también se recogen otras decisiones relevantes para el procedimiento.

Entre los autos destaca que la jueza ha aceptado la personación de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) como acusación popular en la causa, siempre que la entidad deposite una fianza de 6.000 euros en un plazo de diez días hábiles.

En el segundo auto, la jueza desestima la solicitud de prueba realizada por una acusación particular para incorporar a la causa el informe anual de la presa de Forata em de 2023 y, en su caso, el de 2024. La juez lo deniega por entender que ya obran en la causa informes de esas infraestructuras y la petición de otro «es redundante».

Igualmente, recuerda que la Guardia Civil está elaborando un documento con una cronología de los hechos y que la citada presa se halla en una cuenta completamente distinta de aquella en la que falleció la pareja de la mujer que ejerce esta acusación particular, por lo que dicha prueba «en nada servirá para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento».

El tercer auto desestima el recurso de reforma interpuesto por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià contra un auto previo por el que se denegaba solicitar a la Generalitat documentación e información sobre los teléfonos móviles oficiales de los dos investigados.

La instructora reitera en este sentido que dicha prueba afecta al secreto de las comunicaciones de los investigados y no solo a ellos y esa injerencia en tal derecho fundamental «solo puede llevarse a cabo con fundamento en la presunta comisión de delitos dolosos» y respecto de los presuntos responsables de esos delitos.

El caso continúa su curso con nuevos movimientos en la fase de instrucción, centrada en esclarecer posibles responsabilidades en la gestión institucional de la emergencia provocada por la dana del pasado mes de octubre.