La Justicia avala la actuación de la Generalitat y descarta vulneración de derechos fundamentales en el Instituto de Medicina Legal de Valencia

La Conselleria de Justicia ha logrado el respaldo judicial a su política de prevención y refuerzo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Valencia. La sentencia dictada por el Tribunal de Instancia de Valencia desestima la demanda presentada por UGT y un grupo de médicos forenses, que reclamaban una supuesta vulneración de derechos fundamentales por sobrecarga laboral y riesgos psicosociales.

La resolución judicial concluye que no ha quedado acreditada la existencia de un riesgo grave, real e inminente para la salud de los profesionales ni una actuación negligente por parte de la Administración autonómica. El fallo subraya que la Generalitat sí ha desarrollado actuaciones preventivas, evaluaciones de riesgos y medidas organizativas dirigidas a mejorar las condiciones laborales del colectivo.

El tribunal destaca que la Conselleria ha impulsado diversas evaluaciones psicosociales en 2016, 2019, 2024 y 2025, además de reforzar progresivamente la plantilla del IMLCF. Desde 2019 se han creado 12 plazas estructurales y cuatro de refuerzo, a las que se suman tres nuevas plazas aprobadas en noviembre de 2025.

La sentencia también desmonta uno de los principales argumentos de la demanda relacionado con el sistema de control horario GV Cronos. Según recoge el fallo, los datos aportados por los demandantes no diferenciaban entre jornada ordinaria y guardias —muchas de ellas voluntarias y retribuidas aparte—, por lo que no puede concluirse la existencia de una sobrecarga estructural generalizada.

Además, el tribunal señala que ni la Inspección de Trabajo ni el INVASSAT apreciaron situaciones de riesgo grave que exigieran medidas inmediatas o sanciones contra la Administración. De hecho, tras el informe emitido por la Inspección de Trabajo en junio de 2025 no se adoptó ninguna medida correctora ni se abrió expediente sancionador alguno.

La resolución supone un importante respaldo a la gestión de la Conselleria de Justicia en un servicio especialmente sensible y reconoce que la Administración ha mantenido mecanismos de evaluación, diálogo interno y refuerzo de recursos humanos.

Fuentes de la Conselleria valoran el fallo como «una confirmación de que se ha actuado con responsabilidad, planificación y compromiso con la seguridad laboral de los profesionales», y destacan que el Gobierno valenciano «seguirá trabajando para mejorar los medios y recursos de la Medicina Legal valenciana».