Audiencia Provincial de Orense
Piden tres años de cárcel para un hombre en Orense por una presunta estafa en la venta de coches usados
Fiscalía pide que se indemnice a los afectados con 100.000 euros
La Audiencia Provincial de Orense juzgará este miércoles a un hombre acusado de un presunto delito de estafa. En concreto la Fiscalía solicita una condena de tres años de prisión para el varón, además de una multa de 2.400 euros y una indemnización de 100.000 euros para el matrimonio perjudicado.
El encausado, de 35 años y con antecedentes penales no computables a efectos de esta causa, regentaba un establecimiento dedicado a la venta de vehículos usados en un polígono de San Cibrao das Viñas.
Según el escrito de la Fiscalía, los hechos se produjeron en mayo de 2022 cuando el matrimonio afectado contactó con el acusado con la intención de adquirir dos vehículos. De este modo, llegaron a un acuerdo para adquirir dos furgonetas Renault Kangoo por un total de 9.000 euros, cantidad ingresada vía transferencia el día 4 de abril de 2022.
Transcurrido el tiempo y tras ver que el acusado no enviaba las furgonetas a su destino, los cónyuges le reclamaron los 9.000 euros. Fue en noviembre de 2022 cuando este se puso de nuevo en contacto con ellos para ofrecer otras dos furgonetas por el mismo precio, aceptando estos la compra.
El escrito también recoge que en diciembre de 2022, el acusado ofreció a la pareja la posibilidad de comprar un inmueble en Mallorca, el cual procedía supuestamente de subastas, «a un precio muy ventajoso». Y tras enviarles fotografías e incluso la dirección de la vivienda, este consiguió que le trasfirieran la cantidad de 20.000 euros.
A partir de ese momento les ofreció más propiedades procedentes siempre, según el acusado, de embargos, logrando así que le transfirieran finalmente un total de 100.000 euros, tanto para la compra de vehículos como de inmuebles y sin recibir nunca ni lo uno ni lo otro.
Por ello, el Ministerio Público solicita una pena de tres años de prisión y ocho meses de multa a razón de diez euros diarios por un delito de estafa, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas. Con todo, solicita una indemnización de 100.000 euros a los afectados.
