La hoja de ruta del PP para impedir que el Gobierno de La Coruña perdone 7,3 millones a una empresa

El portavoz del PP de La Coruña, Miguel Lorenzo, ha hecho pública su hoja de ruta para intentar impedir que el Gobierno local, presidido por la socialista Inés Rey, perdone 7,3 millones de euros a la concesionaria de la planta de basuras municipal, UTE Albada.

La primera medida que ha anunciado es que su formación presentará una moción en el pleno municipal previsto este jueves para instar al Ejecutivo del PSOE a no llevar a cabo este acuerdo extrajudicial alcanzado con la empresa. «Pedimos que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local sea declarado nulo. Supone que el Gobierno municipal renuncia a 7,3 millones de los pagos de los rechazos», afirmó Lorenzo.

Para que la iniciativa salga adelante, es necesario que la apoye el BNG, la formación que mantiene en el poder al Ejecutivo de Inés Rey al negarse a pactar una moción de censura con las populares.

Si no fuese ya complicado lograr el voto favorable de los nacionalistas, en las antípodas ideológicas del PP, existe otro problema: las mociones no tienen ninguna vinculación legal, con lo que el Gobierno local no tiene ninguna obligación de cumplir los acuerdos que se adopten.

Ante este escenario, Miguel Lorenzo expuso que su partido está «viendo otras vías antes de acudir a los tribunales» y también realizó una advertencia muy clara sobre una de esas posibilidades al explicar que se puede acudir a los juzgado para exigir responsabilidades a los concejales que aprobaron el acuerdo, ya que es muy difícil intentar impedir que este salga aprobado.

«Aunque esta transacción puede ser inatacable, no quiere decir que no sea lesiva. Si es lesiva para el Ayuntamiento, a lo mejor las personas que tomaron la decisión pueden ser responsables frente al Ayuntamiento de las cantidades fijadas en los daños y perjuicios causados», aseguró.

Lorenzo también afirmó que «no tiene pies ni cabeza lo que está haciendo Gobierno municipal» en relación a este acuerdo. «Es totalmente espurio, contrario a la ley y es un acuerdo que perjudica a los intereses de todos los coruñeses», indicó. También reclamó que sean los jueces los que fijen la cantidad y no el Gobierno local.

Polémico acuerdo

El Ayuntamiento de La Coruña abonó 12,9 millones de euros por el servicio de los rechazos (basura no reciclable) entre 2011 y 2018. El acuerdo en el que se basaron estos pagos fue anulado por la Justicia en 2019, tras lo cual el Ejecutivo inició los trámites para recuperar esta cantidad, más otros 2,7 millones de intereses legales.

El problema surge cuando el Gobierno de Inés Rey anuncia a finales del pasado mes de febrero que se dispone a firmar un acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento y UTE Albada para poner fin a esta disputa y por el cual se renuncian a cobrar 7,3 millones de euros de los 15,6 del montante total.