Sólo la mitad de los pisos turísticos de Córdoba se dan de alta en el registro del Ministerio de la Vivienda

El Ministerio de la Vivienda no ha tenido éxito con la implantación del registro único de arrendamientos de alquileres turísticos y de temporada. Esta medida tiene como objetivo otorgar un número de registro que será obligatorio para poder anunciarse en plataformas como Booking o Airbnb. El plazo de inscripción se abrió el 2 de enero y finalizó el pasado lunes, ya que desde el 1 de julio es obligatorio contar con dicho número para poder anunciarse.

Pese a esta contundencia, las cifras de inscripción son generalmente bajas para una decisión que nació con polémica, ya que algunas regiones, como Andalucía, consideran que se invade las competencias autonómicas. Aún así, el Ministerio presume de que han pasado por esta ventanilla única digital 215.438 pisos turísticos.

Andalucía tiene regulado este sector desde hace tiempo y cuenta con un registro propio en el que figuran 85.990 viviendas que se destinan a este fin y de las que sólo 27.396 han acudido al registro nacional para los alquileres de corta duración, que son los inferiores a 30 días, y hasta los 11 meses se denominan alquileres de temporada.

Los datos de Córdoba

Una tónica similar se ha seguido en toda la región y Córdoba no se queda atrás, ya que de los 3.464 pisos turísticos que están censados por la Junta de Andalucía, sólamente 1.899 han pasado por la ventanilla digital del Ministerio de la Vivienda, lo que supone un 54,82 por ciento del total.

En Córdoba, precisamente, entró en vigor el pasado mes de marzo una moratoria de tres años por la que la Gerencia de Urbanismo no va a conceder licencia para viviendas turísticas en las zonas más saturadas de la capital, como son el centro, el casco histórico y el distrito sur.

El rechazo de la Junta

Este registro del Ministerio de la Vivienda cuenta desde el primer momento con el rechazo frontal de la Junta de Andalucía. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, lo calificó en su día como una imposición que había carecido del diálogo previo con las autonomías y que venía a traer «más inseguridad, confusión y caos».

Las razones en las que se basa Bernal para realizar estas afirmaciones son que el Real Decreto que regula el registro, huérfano de consenso, no cumple con las recomendaciones fijadas por el Consejo de Estado.

El consejero considera que la regulación correspondería más al Ministerio de Industria y Turismo que al de Vivienda, que finalmente ha impuesto una normativa que tendrá serias dificultades para regular el sector y, sobre todo, el mercado ilegal, al carecer de régimen sancionador.