El alcalde, José María Bellido, en primer plano, y el portavoz socialista, Antonio Hurtado, al fondo
El PP colocará al PSOE el jueves en el pleno frente a los casos de corrupción
Presentan mociones sobre los comentarios machistas en los audios de Koldo, los ataques a jueces y medios de comunicación, y en defensa de los cuerpos policiales
La actualidad nacional estará una vez más presente en el pleno del Ayuntamiento de Córdoba. En esta ocasión, este jueves se abordarán tres mociones con las que el PP quiere situar a los socialistas cordobeses frente la realidad de los escándalos que a nivel nacional se suceden día a día.
Este tipo de mociones se suelen colar de vez en cuando en el orden del día, pero no es normal que se presenten tres de una tacada. La primera hace referencia a las declaraciones machistas que figuran en los audios de la investigación del denominado caso Koldo; la segunda, sobre los ataques a jueces, magistrados y medios de comunicación, y la tercera sobre la persecución a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por investigar los casos en los que está involucrado el PSOE.
El portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha rechazado de antemano que en el pleno se argumente que estas cuestiones no tienen relación alguna con Córdoba. Como ha afirmado, «son asuntos de actualidad que nos atañen como cordobeses, como andaluces y como españoles ante la gravísima situación política que vivimos a nivel nacional y que tiene su repercución, con alguna ramificación de la trama Koldo-Ábalos-Santos, en Córdoba». En concreto, hace alusión a las informaciones que señalan al socialista cordobés Cristian Corvillo, que fue el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, como implicado en el amaño de votos en la provincia de Córdoba.
Sobre los comentarios machistas conocidos a través de los audios del caso Koldo, en la moción se afirma que «este tipo de comportamientos, especialmente cuando proceden de personas con altas responsabilidades públicas y de partidos que se autoproclaman feministas, suponen una afrenta directa a la dignidad de la mujer y a los principios más elementales de igualdad y respeto».
Además, se reconoce que «esta incoherencia no es nueva» y sale la moción en defensa de las mujeres porque «esta hipocresía política, que proclama una cosa y actúa en sentido contrario, degrada el debate público, traiciona la causa del feminismo real, y revictimiza a quienes sufren explotación, cosificación o violencia».
Apoyo a jueces, magistrados y medios de comunicación
En la moción en la que se defiende a los jueces, magistrados y medios de comunicación, se señala en primer lugar a «la corrupción sistémica del Gobierno» , también a Begoña Gómez, a David Sánchez y a los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, tanto en el Gobierno como en el partido y que están investigados o imputados por corrupción.
Esta situación, añade el PP, ha desembocado en que «los ataques por parte del Gobierno a los jueces que investigan todos los asuntos que tienen al gobierno acorralado por corrupción, y los insultos y amenazas a los medios de comunicación que están informando puntualmente de todo son continuos desde el Gobierno de Pedro Sanchez».
También salen en defensa de los medios de comunicación «que no se dedican a bailarles el agua de forma sistemática», a los que llaman «pseudomedios» y señalan directamente a los ministros que han atacado a la judicatura, como Félix Bolaños, Óscar Puente, Óscar López y Pilar Alegría.
En defensa de los cuerpos policiales
La tercera moción de los populares sale en defensa de la persecución sufrida por determinadas unidades de élite de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Según Torrico, ante estos hechos, «creemos que es necesario que el pleno del Ayuntamiento de Córdoba manifieste un total apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, garantes de nuestras democracia, de nuestra seguridad y de la libertad de los ciudadanos».
En la moción, además, se enumeran los agravios acumulados por los cuerpos policiales, como «la traición a las víctimas del terrorismo a los que desprecia con su política penitenciaria,», la falta de creación de plazas de agentes o «el aumento de la inseguridad, la criminalidad y su fracaso en la lucha contra la droga», entre otras cuestiones, como la transferencia de competencias estatales «a las policías autonómicas de Cataluña, Navarra y País Vasco, a sus socios nacionalistas como pagos por su apoyo para seguir en el poder, son inconstitucionales».
