Los mutualistas rechazan que su tramitación pase por el Pacto de Toledo y matizan la versión del PP

La portavoz del colectivo de mutualistas cordobeses del Movimiento J2, la abogada Lourdes Cano, ha querido precisar la postura de los profesionales tras la reunión mantenida ayer con el Partido Popular de Córdoba, después de que la versión difundida por los populares «no reflejara» —según explicó— la posición que defendieron los representantes del colectivo durante el encuentro. Cano ha recordado que fueron convocados por la delegada de Justicia, Raquel López, y ha agradecido «el interés mostrado» por conocer su situación, si bien subrayó que los mutualistas no están de acuerdo con la enmienda del PP que plantea remitir la tramitación de la proposición de ley al Pacto de Toledo.

Según explicó, el colectivo considera que esa vía «podría suponer una dilación innecesaria», ya que «las revisiones en el Pacto de Toledo han tardado históricamente entre tres y diez años», pese a que en esta ocasión se proponga un plazo de seis meses. «Entendemos que no tiene por qué remitirse al Pacto de Toledo cuando lo que pedimos es la inclusión de colectivos enteros en el sistema de Seguridad Social, algo que ya se ha hecho con otros colectivos sin pasar por ese trámite», señaló.

Cano añadió que durante la reunión «manifestamos nuestro desacuerdo con esa postura» y trasladaron al PP que no es imprescindible recurrir al Pacto de Toledo para modificar el sistema de pensiones, reclamando en cambio que «se agilice el trámite parlamentario ya iniciado», con el cierre del plazo de enmiendas y la fijación de una fecha para ponencia que permita alcanzar un texto consensuado.

Rechazo a la enmienda de los populares

La portavoz puntualizó que «el PP no ha mentido», pero «omitió cuál fue nuestra postura cuando ellos expusieron la suya», lo que, a su juicio, puede dar «una impresión incompleta del encuentro». No obstante, valoraron positivamente que el PP no hiciera distinciones entre mutualistas activos y pasivos, a diferencia de la proposición de ley del PSOE.

La controversia se enmarca en el proceso abierto en el Congreso de los Diputados para regular la llamada pasarela al RETA, que permitiría a los profesionales integrados en mutualidades alternativas incorporarse al sistema público de pensiones. La proposición de ley del PSOE, registrada en mayo, cerró su plazo de enmiendas el pasado 24 de septiembre y ahora está pendiente de ponencia en la Comisión de Seguridad Social antes de su votación en Pleno. El texto socialista contempla una incorporación voluntaria y progresiva, pero no equipara las aportaciones mutualistas con años cotizados ni incluye a todos los colectivos afectados, lo que ha generado críticas generalizadas.

Frente a ello, diversos grupos parlamentarios han presentado enmiendas más amplias que reconocen el principio 1×1 —un año aportado equivale a un año cotizado— y abren la puerta a quienes estuvieron en mutualidades en cualquier periodo, mientras que la del PP introduce condiciones adicionales, como su remisión al Pacto de Toledo, la evaluación anual del impacto económico o un incremento gradual de cuotas hasta 2028. Estas exigencias, que según los mutualistas solo contribuyen a retrasar la solución, han provocado un amplio rechazo entre abogados y procuradores, que advierten de una situación «insostenible» con pensiones que en muchos casos apenas alcanzan los 300 euros mensuales.

Cano ha reconocido que «muchos compañeros se han sentido decepcionados o incluso traicionados» por la posición del PP, «porque hay mucha gente votante de este partido que esperaba otra cosa», recordando que el colectivo lleva tiempo insistiendo en que no es una cuestión técnica ni de números, sino de derechos.