En el ciclo dedicado a la excelencia en los servicios públicos organizado por este periódico y celebrado el pasado viernes se abordó el modelo sanitario público andaluz, sus retos actuales y también sus logros, con la participación de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García Carrasco que recordó a modo de aviso, el famoso 'mantra de la izquierda’ sobre la privatización de la sanidad pública, argumento principal para las movilizaciones que están y que vienen promovidas por esa izquierda que sí ha privatizado servicios en España – y Andalucía- pero arropada por eufemismos y una doble moral que siempre le sale gratis.
El acto estaba patrocinado por una empresa privada: la aseguradora Asisa, primera en España dedicada a servicios sanitarios. Su director general, Enrique de Porres, dejó claro que la colaboración con las administraciones no significa la privatización sobre la que advierte la izquierda y puso el acento en que las aseguradoras españolas ofrecen una cartera de servicios que incide, o debe hacerlo, en algo más que aligerar la gestión pública. Una aseguradora con una idiosincrasia propia, ya que el modelo español difiere respecto a otros modelos porque fueron los médicos los que se convirtieron en aseguradores directos. Recogían así la tradición de los igualadores médicos que, de una manera similar al turno de oficio de los abogados, pusieron en marcha un sistema -cuando aún no existía la seguridad social- para que las familias, por una pequeña cuota al mes, tuvieran asistencia médica cuando enfermaban.
Las actuales aseguradoras españolas recogen este modelo que entre otras cosas les ha permitido competir con las multinacionales que también operan en nuestro país, ya que la mayoría de esas entidades son meras empresas financieras – recogen el dinero del asegurado y se lo entregan de nuevo cuando este precisa atención sanitaria-, y las españolas gestionan el servicio con las cuotas de sus asociados. Ello implica un control sobre los costes asistenciales y así mismo garantizar la calidad del servicio, precisamente porque han sido médicos, como apuntó Porres, que han conocido y trabajado la gestión de los conciertos con lo público y también de una gran parte del sector privado. Las aseguradoras defienden su responsabilidad social pero sobre todo su vocación de servicio. Y esto implica que la colaboración público-privada tiene que ir más allá de aligerar las listas de espera y asumir unas características más parecidas al modelo del «mutualismo administrativo».
Eso no es privatizar, como recalcó el CEO de Asisa. Cuando ellos ofrecen toda la cartera de servicios del sistema sanitario público a los funcionarios del Estado en realidad están ‘haciendo sanidad pública’ pero con gestión privada. Concesiones administrativas de estas características ya se han tenido o se ofrecen en la Comunidad de Madrid o en Valencia, «donde se demuestra la capacidad de complementariedad que tiene la sanidad privada con la sanidad pública cuando se pone, por encima de todo, el servicio a la población». Y recuerdan desde el sector que están «vigilados y controlados» por el Ministerio de Economía, lo que les obliga a tener una solvencia económica acreditada para poder dar respuesta a los contratos que contraigan con la administración. Una solvencia que no se le exige, desde luego, al sector público, siempre amparado por el colchón presupuestario sin miedo a los malos resultados ni consecuencias profesionales cuando se realiza una mala gestión.
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