Trump y los aranceles: el nuevo golpe a la economía española y la contratación pública

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Como si estuviéramos en un déjà vu de su primer mandato, el expresidente estadounidense ha anunciado la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de la Unión Europea. Una medida que, lejos de ser solo un gesto electoral, supone un golpe directo a la economía española, afectando a sectores estratégicos y reabriendo la herida de la guerra comercial que ya vivimos en 2018.

Pero esta vez el daño puede ser mucho mayor. No hablamos solo de exportaciones bloqueadas y precios disparados en industrias clave como el acero, la automoción o el agroalimentario, sino de un impacto directo en la contratación pública española. Mientras las empresas se preparan para asumir los costes de esta nueva guerra comercial, las administraciones públicas tienen una difícil tarea: evitar que la crisis se traduzca en contratos inviables, infraestructuras paralizadas y sobrecostes descontrolados.

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y su reglamento pueden ser la última barrera para amortiguar el golpe, pero ¿están los gobiernos preparados para reaccionar a tiempo?

La primera vez que Trump desató una guerra comercial contra la Unión Europea, España lo sintió en sectores como el del vino, el aceite y el acero. Empresas acostumbradas a exportar al mercado estadounidense se vieron de la noche a la mañana con costes inasumibles, y la economía española, aún con capacidad de reacción, logró capear el temporal con dificultad. Pero ahora el contexto es diferente. El nuevo arancel del 25% afecta a importaciones clave para la contratación pública. Desde acero y aluminio, fundamentales para la construcción de infraestructuras, hasta componentes tecnológicos, que pueden paralizar proyectos de digitalización. En un momento en el que Europa ya sufre las consecuencias de la inflación y de la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, este nuevo mazazo puede dejar a muchas administraciones sin margen de maniobra. En cifras, el daño es evidente. La Unión Europea estima que las medidas de Trump pueden afectar a más de 28.000 millones de euros en comercio bilateral. Y España, con una economía altamente dependiente de sus lazos comerciales con EE.UU., no será una excepción en la lista de damnificados.

Los efectos del proteccionismo de Trump no se limitarán a las grandes empresas exportadoras. Las administraciones públicas españolas, que dependen de contratos con proveedores de sectores afectados por los aranceles, pueden ver cómo los costes de sus proyectos se disparan o, peor aún, cómo muchas licitaciones quedan desiertas.

¿Qué pasa si una constructora que tenía que suministrar materiales para un hospital ya no puede asumir los costes del acero por el nuevo arancel? ¿O si una empresa encargada de la digitalización de la administración ve imposible traer los componentes electrónicos que necesita? La paralización de proyectos públicos es una posibilidad real si no se toman medidas de forma urgente.

Aquí es donde la LCSP y su reglamento pueden convertirse en un salvavidas. Y es que la normativa ya prevé herramientas para enfrentar crisis como esta. Habría que intentar blindar la contratación pública: pero, ¿hay margen de reacción?

La LCSP no puede evitar que Trump imponga aranceles, pero sí puede ayudar a que las administraciones gestionen mejor el impacto. ¿Cómo?

a) Introduciendo cláusulas de revisión de precios claras y precisas en los contratos públicos. Esto permitiría a los adjudicatarios ajustar sus presupuestos con rapidez si el coste de las materias primas se dispara por causas externas, evitando así la quiebra de contratos y la paralización de obras públicas; b) Diversificando proveedores y evitando la dependencia de EE.UU. En un contexto donde el proteccionismo gana terreno, apostar por acuerdos con proveedores europeos o de otros mercados alternativos puede ser una solución para reducir la vulnerabilidad; c) Fomentando la producción nacional. La LCSP permite establecer reservas de contratos para pequeñas y medianas empresas nacionales, una estrategia que podría ayudar a reducir la necesidad de importar bienes sujetos a aranceles; d) Utilizando acuerdos marco para estabilizar precios. Estos contratos permiten a la administración fijar precios con antelación y evitar subidas repentinas que afecten a su presupuesto.

Sin embargo, estas medidas solo serán efectivas si los gestores públicos las aplican con rapidez y eficacia. La burocracia no puede ser una excusa cuando lo que está en juego es la estabilidad de la contratación pública y, por ende, la economía del país.

Mientras EE.UU. sigue la senda del proteccionismo, en Bruselas se plantea la gran pregunta: ¿debe la Unión Europea responder con la misma moneda? Las tensiones entre ambos bloques no han dejado de aumentar, y algunos sectores ya exigen que se impongan contramedidas comerciales para evitar que las empresas europeas queden en desventaja.

Pero para España, la prioridad ahora no debería ser la guerra comercial, sino blindar su contratación pública y garantizar que los aranceles no se traduzcan en caos administrativo y económico. En un mundo donde el comercio internacional está cada vez más marcado por las decisiones políticas de líderes imprevisibles como Trump, los gobiernos nacionales deben dejar de confiar en la estabilidad del mercado global y empezar a proteger sus propios intereses. Y en este caso, la LCSP es una herramienta poderosa, pero solo si se usa a tiempo. Porque si no, dentro de unos meses no estaremos hablando de aranceles, sino de contratos fallidos, obras paralizadas y administraciones desbordadas por la falta de previsión.

Marcos Peña Molina es Doctor en Derecho y Abogado especialista en Derecho administrativo.