Con frecuencia tenemos la oportunidad de asistir en los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto a debates que hacen referencia a sanidad pública, sanidad privada, cada uno con el sentir y vehemencia que cree conveniente en legítima defensa de sus convicciones y también vivencias al respecto.
Vaya por delante mi apuesta clara y firme por la sanidad pública como garante de equidad y garantía de atención sanitaria fortalecida con medios y recursos provistos a través de la financiación pública que emana de los impuestos de todos los ciudadanos.
Sin embargo considero que la sanidad privada es un recurso sanitario al que acceden los ciudadanos que libremente así lo deciden y para ello cuentan con un seguro privado. No obstante existe una excepcionalidad al respecto que se da cuando pacientes de la sanidad pública son derivados a la sanidad privada a través de conciertos sanitarios de la Administración con la privada financiados con dinero público que acompaña al paciente en ese proceder generado por el «desborde» de pacientes en la sanidad pública, tema éste que intentaré abordar en otro momento, pues no todo es tan claro ni transparente como a veces se intenta trasladar a la opinión pública.
Por todo ello el empresario u organización que decida crear un hospital privado para ofrecer atención sanitaria lo hace desde la legitimidad y el derecho que le otorga la legislación vigente, (haciendo la salvedad de los conciertos sanitarios), formando parte por tanto de la oferta sanitaria privada a la que el ciudadano en su libertad de elección decide acogerse, sin olvidar que de alguna manera la sanidad privada también genera puestos de trabajo y negocio, posibilitando éste último la actividad privada y la viabilidad del centro sanitario , si bien en éste caso se produce a través de la enfermedad de las personas.
En definitiva la sanidad privada, ni demonizarla pues es una opción legítima y normalizada en nuestra sociedad a la que la sanidad pública puede acudir en situaciones excepcionales, pero siempre desde la colaboración, nunca de la sustitución, ni tampoco alfombra roja para que desde la administración pública sanitaria se deriven recursos y financiación con cierta ligereza sin antes optimizar al máximo el rendimiento de nuestros centros sanitarios públicos, situación ésta última en la que creo honestamente estamos, sin reacción alguna por parte de la Administración Pública.
Manuel Cascos Fernández ha sido presidente nacional de SATSE