La Junta acusa al Gobierno de Sánchez de discriminar a Andalucía en la financiación de la dependencia

El delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha denunciado este martes que el «Gobierno de Sánchez y Montero financia con generosidad» el sistema de dependencia en comunidades como el País Vasco mientras discrimina a Andalucía, donde solo aporta el 17% del coste, frente al 50% que debería corresponderle por ley. Esta diferencia, ha señalado Molina, se traduce en una pérdida de 400 millones de euros para la comunidadv andaluza, de los que unos 44 corresponderían a la provincia de Córdoba.

Molina ha hecho estas declaraciones durante su visita a la residencia de mayores San Andrés, en la capital cordobesa, acompañado por la delegada territorial de Inclusión Social, Lola Sánchez. Allí ha reivindicado el esfuerzo presupuestario del Gobierno andaluz en materia de dependencia desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia en 2019, tras «trece años sin inversión ni actualizaciones por parte de los anteriores gobiernos socialistas».

Según ha detallado, el Ejecutivo autonómico ha aprobado recientemente un nuevo incremento del 4,5% en el precio/plaza para residencias y centros de día, tanto para mayores como para personas con discapacidad, así como una subida del 3% en el precio/hora del servicio de ayuda a domicilio, que pasa a los 16,63 euros «medidas que se hacen de forma retroactiva entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2025». «No son subidas aisladas —ha subrayado Molina—, sino una apuesta continuada que acumula un 26% más en plazas residenciales de mayores, un 32% en discapacidad y un 28% en ayuda a domicilio, tras años congelados».

El delegado ha defendido que «Andalucía está viviendo un momento histórico en el sistema de dependencia», con más de 299.000 personas atendidas, 449.000 prestaciones activas y un presupuesto récord de 2.331 millones de euros. También ha resaltado la implantación de un nuevo modelo de gestión «más ágil y eficiente», con una única visita para valoración y asignación de prestación, más personal y una inversión tecnológica de 166 millones para modernizar la teleasistencia.«Se cambia el sistema a poner un solo aplicativo para que no se queden expedientes además perdidos en el sistema o en los cajones, como nos encontramos», ha recordado.

Pese a ello, Molina ha lamentado que el esfuerzo autonómico «se vea empañado por la falta de compromiso del Gobierno de España», al que ha exigido que «cumpla con su responsabilidad y aporte lo que debe». «Queremos el mismo acuerdo que se ha firmado con el País Vasco. No podemos aceptar que se trate a nuestros dependientes como ciudadanos de segunda», ha concluido.