La exalcaldesa de Madrid Ana Botella a su llegada al juicio para testificar por la enajenación de 1.860 viviendas protegidas en su mandato, en la Audiencia Provincial de Madrid
Juicio por la venta de viviendas públicas
Ana Botella cierra filas con la gestión de la EMVS: «El Ayuntamiento de Madrid solo hizo cumplir la Ley»
La exalcaldesa declara como testigo por la venta de 1.860 viviendas públicas a un fondo: «Se respetaron todos los derechos de los arrendatarios», afirma
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella ha cerrado filas con la gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) en lo relativo a la venta de 1.860 viviendas protegidas a un fondo de inversión en 2013 al defender en su testifical en el juicio que el equipo directivo cumplió con la legalidad y con el objetivo de mantener el fin social. El juicio se celebra desde el pasado 3 de noviembre en la Audiencia Provincial de Madrid por la venta irregular en 2013 de 1.860 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a Fidere, filial española del fondo Blackstone.
«Se respetaron todos los derechos de los arrendatarios», ha aseverado durante su comparecencia en la vista oral que se celebra por el presunto expolio de vivienda social a preguntas del letrado Mariano Benítez de Lugo, abogado que representa a la Asociación de Afectados por la Venta de la EMVS.
Tranquila y con voz firme, ha insistido a preguntas de las acusaciones en varias ocasiones que «el equipo directivo cumplió con todos los objetivos que marcaba la ley entre ellos mantener el fin social».
Ana Botella, exalcaldesa de Madrid
Botella, increpada por los afectados
Mientras comparecía se han podido escuchar gritos de la veintena de afectados que se concentraba a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid para exigir responsabilidades a la que fuera alcaldesa de Madrid entre 2011 y 2015, época en la que se desarrolló este proceso de enajenación.
«La situación era desoladora. La EMVS no podía pagar las nóminas ni proveedores y no podía acceder a créditos», ha relatado en la misma línea con lo manifestado por el principal acusado en la causa, el exconsejero delegado de la EMVS Fermín Oslé.
También se sienta en el banquillo el apoderado de Fidere Alfonso Benavides. Se les acusa de la presunta comisión de delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos. El fiscal pide su absolución, mientras que la acusación solicitan penas de hasta ocho años de cárcel.
Es la primera vez que la exdirigente popular se pronuncia sobre la enajenación de viviendas, manifestado al respecto que «todo se hizo conforme a la legalidad» y que se respetaron «todos los derechos de los inquilinos». «El Ayuntamiento de Madrid lo único que hizo es cumplir la Ley», ha manifestado.
Botella ha explicado que el consejo de administración de la EMVS adoptaba las decisiones y la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, constituida en Junta de Accionistas, aprobaba algunas.
A preguntas de Benítez de Lugo ha señalado que gracias al plan de viabilidad «confeccionado y diseñado» por el equipo directivo, hoy «la EMVS pervive y sigue cumpliendo con su objetivo social». «Gracias a ese plan, hoy pervive la empresa manteniendo a sus trabajadores y cumpliendo además su fin social. Había una situación desoladora», ha reseñado. «Gracias a eso, después de ocho años, la EMVS ha seguido funcionando y cumpliendo su fin social, gracias al plan de viabilidad del equipo directivo», ha reiterado.
El abogado de la EMVS ha preguntado si se cercioraron de si se subrogaron las condiciones a las que tenían los inquilinos, a lo que ha respondido que «se cumplió con la ley». «Con el cumplimento de la ley, siempre, siempre, se subrogan y en este caso, también», ha apostillado.
«El Ayuntamiento de Madrid contribuyó a los objetivos de déficit de España como era su obligación moral. Dimos lo que podíamos dar. Asumimos el plan de pago de proveedores», ha afirmado y ha querido poner en valor la labor social del Consistorio madrileño.
El fiscal ha preguntado a la exalcaldesa sobre si el Consistorio era «un pozo sin fondo», a lo que ésta ha replicado que «desgraciadamente no», ya que cuando empezó su mandato se estaba bajo una situación de crisis económica.
«Nos hubiera gustado poder hacer mucho más. El Ayuntamiento de Madrid hizo bien cumpliendo con los objetivos de déficit para España a cambio de ayudas europeas. Mantener la EMVS era muy importante», ha finalizado.
A su salida, la expolítica ha sido increpada por los afectados, quienes han gritado consignas contra la corrupción y contra su gestión al frente del Ayuntamiento capitalino. «Ladrona, ladrona, la gente no perdona. Aquí abajo los inocentes, ahí arriba los delincuentes. Corrupta, corrupta serás hasta la tumba», han espetado.
Antes de la comparecencia, Benítez de Lugo ha subrayado que detrás de la venta había «por supuesto intereses ocultos». Además, ha dicho que la vivienda social está protegida pero al final se buscan «artimañas». En este caso, un decreto de la Comunidad de Madrid facilitó que se pudiera realizar la venta.
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella a su llegada al juicio para testificar por la enajenación de 1.860 viviendas protegidas en su mandato, en la Audiencia Provincial de Madrid
No compareció en la comisión
Botella, al igual que hicieron otros cargos del PP, se negó a comparecer en la Comisión de Investigación sobre la deuda y las políticas públicas del Ayuntamiento de Madrid, donde estaba llamada a comparecer para abordar este asunto.
En junio de 2011, el Tribunal Supremo absolvió a Botella y a siete miembros de su equipo por la citada venta al desestimar una queja que planteó la exedil socialista Mercedes González contra el Tribunal de Cuentas por impedirla recurrir el asunto en calidad de vecina.
En la vertiente económica del caso, el Tribunal de Cuentas revocó una sentencia condenatoria y exoneró a la exalcaldesa y a siete miembros de su equipo. La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
En la primera sesión del juicio, los Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS lamentaron que la exdirigente popular no se sentara en el banquillo de los acusados al considerar que tuvo «bastante responsabilidad» en la operación.
En concreto, aludían a que el 20 de junio de 2013 el Ayuntamiento de Madrid aprobó en Junta de Gobierno, presidida entonces por Botella, la venta de 1860 viviendas de protección oficial al fondo Blackstone-Magic Real Estate, tras haber valorado 4 ofertas de empresas. La exalcaldesa manifestó en un pleno posterior que «sólo cambiaba el propietario».
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