Pedro Sánchez, durante la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura
Pinto (Madrid) elabora un manifiesto contra la amnistía con la que negocia Sánchez
«Además de lo inaceptable de la impunidad de dirigentes políticos condenados, la amnistía equivale al borrado del delito», señala el escrito
El municipio madrileño de Pinto ha elaborado un manifiesto contra la la ley de amnistía que quiere negociar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los independentistas de Cataluña.
«El respeto y acatamiento de la ley es el prerrequisito y condición necesaria para el funcionamiento de cualquier Estado social y democrático de derecho, como es España», señala el escrito a su comienzo.
En este sentido añade: «por supuesto que las leyes se pueden cambiar, pero siempre de acuerdo a los procedimientos democráticos del sistema que nos hemos dado entre todos, que tiene su base en la Constitución de 1978».
Y prosigue, «una amnistía para los responsables de los sucesos ocurridos en Cataluña en 2017 que dejaría impunes los delitos cometidos por los líderes del procés, rompen la legalidad vigente».
El manifiesto hace hincapié en que «además de lo inaceptable de la impunidad de dirigentes políticos condenados, la amnistía equivale al borrado del delito, a declarar que el delito jamás existió».
Concluye remarcando que «la amnistía que en 1977 se aprobó en España (fue) para reiniciar la democracia y cerrar el franquismo. Por eso ceder a lo que piden los partidos independentistas catalanes es aceptar que los delitos cometidos por los sucesos de 2017 fueron un invento de un régimen ilegítimo».
Si alguien está de acuerdo con el contenido del manifiesto y quiere adherirse pueden hacerlo enviando su nombre al correo electrónico manifiestosociedadcivil@gmail.com.
Manifiesto íntegro
Todas las personas físicas y jurídicas debemos asumir las consecuencias de nuestros actos de acuerdo a la legalidad vigente. Por supuesto que las leyes se pueden ―y en muchos casos se deben― cambiar, pero siempre de acuerdo a los procedimientos democráticos del sistema que nos hemos dado entre todos, que tiene su base en la Constitución de 1978.
La división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es una de las características de los estados de derecho y suponen una garantía para que no se produzcan abusos o injusticias por parte de los gobernantes. Sin esta división no es posible ni la democracia ni la real soberanía del pueblo para elegir y controlar a sus gobernantes.
La división en 17 regiones autónomas, cada una con su propio gobierno y sistema legal coherente con la Constitución, permite un alto grado de autonomía, autogobierno regional y municipal. Esta estructura territorial ha ayudado a mantener un equilibrio de poder facilitando que las comunidades autónomas puedan gestionar adecuadamente su territorio y los territorios que las conforman de acuerdo a su idiosincrasia.
Sin embargo, la presunta aceptación por parte del gobierno de España en funciones de exigencias de partidos separatistas, concretamente de una amnistía para los responsables de los sucesos ocurridos en Cataluña en 2017 que dejaría impunes los delitos cometidos por los líderes del procés, rompen la legalidad vigente y suponen un ataque al corazón de la Constitución de 1978. Porque además de lo inaceptable de la impunidad de dirigentes políticos condenados, la amnistía equivale al borrado del delito, a declarar que el delito jamás existió.
Así fue la amnistía que en 1977 se aprobó en España para reiniciar la democracia y cerrar el franquismo. Aquella amnistía, punto de arranque que legitima nuestra actual democracia, vino a decir que la legalidad franquista era un fraude y que sus supuestos delitos nunca existieron. Por eso ceder a lo que piden los partidos independentistas catalanes― que, por cierto, todos juntos han tenido en Cataluña menos votos y menos diputados en las elecciones generales del pasado mes de julio que los conseguidos por el PSC― es aceptar que los delitos cometidos por los sucesos de 2017 fueron un invento de un régimen ilegítimo y, por tanto, la amnistía deslegitimaría la democracia legitimando a quienes la atacaron.
Por todo ello, los abajo firmantes, entidades y particulares, nos posicionamos en defensa de nuestra democracia y los principios generales de libertad, igualdad, dignidad, justicia y bien común incompatibles con una amnistía que deslegitimaría nuestra democracia constitucional.
