La alcaldesa socialista de Alcorcón paga 35.000 euros a una constructora sin contrato por las obras de un centro de mayores

El Partido Popular de Alcorcón ha denunciado en el Pleno municipal una grave irregularidad en la gestión de los fondos europeos Next Generation, destinados a la rehabilitación energética del Centro de Mayores Salvador Allende. Según los populares, el Gobierno local (PSOE, Más Madrid y Podemos) habría cometido una infracción en la ejecución de estos trabajos.

Un informe interno elaborado por un funcionario municipal revela que el Ayuntamiento desembolsó 35.000 euros a la empresa constructora sin que existiera un documento legal que justificara la modificación del contrato inicial.

Este contrato, valorado en más de 1,4 millones de euros, no fue formalmente alterado, lo que supone una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público, que exige la aprobación previa de cualquier cambio contractual.

El documento señala que estas actuaciones se realizaron «sin aprobación previa» y con el conocimiento del coordinador general de Régimen Interior, un cargo de confianza designado por la alcaldesa socialista Candelaria Testa. Este hecho pone de manifiesto una preocupante falta de control en el uso de los recursos públicos y genera dudas sobre la legalidad del proceso de contratación.

Desde el Partido Popular de Alcorcón consideran que este episodio es una muestra de la mala gestión del Gobierno municipal y de la falta de cumplimiento de la normativa en materia de contratación pública. Por ello, han anunciado que trasladarán esta posible irregularidad a los organismos encargados de fiscalizar los fondos europeos, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades.

La historia de esta gestión comienza con la adjudicación el 14 de noviembre de 2023 a la UTE (Unión temporal de empresas) Zima y Construcciones la Vid, por un importe de 1.412.401,74 €, financiados con fondos de la Unión Europea Next Generation, con fecha de formalización del contrato de 29 de noviembre de 2023 y un plazo de ejecución de 10 meses.

Es decir, esta obra tenía que haber estado terminada a finales de agosto de 2024. Plazo que en un primer momento se incumple. Sin embargo, según consta en el informe del Jefe de Servicio de Contratación por razones no imputables al adjudicatario, entre ellas, «retraso en la disponibilidad del edificio…».

Posteriormente la UTE solicita una nueva ampliación del plazo, y se le concede hasta el día 10 de octubre de 2024, y nuevamente se incumple este plazo.

Pero de nuevo la JGL aprueba una nueva prórroga al plazo de ejecución y se fija nueva fecha en el 17 de diciembre de 2024, y de nuevo se incumple, ya que en la actualidad el centro permanece cerrado y los mayores siguen esperando.