Madrid exige al Gobierno cancelar la Conferencia Sectorial para el reparto de menores extranjeros por su «ilegalidad»

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha remitido una carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para pedirle que cancele la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia para abordar el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas porque considera que su convocatoria se ha realizado de forma «ilegal».

La reunión está prevista el próximo lunes 28 de abril a las cuatro de la tarde en la Sala de Juntas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a pesar de que, inicialmente, la ministra avanzó que sería en Ceuta.

Dávila inicia la misiva, a la que ha tenido acceso El Debate, trasladando a Rego su «sorpresa» por la convocatoria de esa Conferencia Sectorial. «No por la fecha en sí, ampliamente anunciada por su ministerio en los medios de comunicación desde el pasado 10 de abril», precisa, «sino por el fondo y las formas con las que se ha gestionado el proceso».

Se trata, critica, «de una nueva vuelta de tuerca a la comunidades que, no olvide, representamos legítimamente a millones de ciudadanos cuyos derechos se ven ninguneados y pisoteados sistemáticamente por una actuación desleal».

A continuación, la consejera explica a la ministra su «preocupación» porque esta convocatoria que «está viciada de nulidad» sea «un paso más de la cadena de irregularidades que el Gobierno de España lleva realizando desde la primera elaboración del Real Decreto-Ley, que no fue consultado, ni informado, como es preceptivo, con todas las comunidades autónomas».

«Su actuación supone, por tanto, una clara vulneración del marco competencial y un desprecio al procedimiento, que no es irrelevante, sino la garantía del funcionamiento adecuado de los órganos colegiados», indica en la carta.

Dávila acusa a la ministra de tratar a las comunidades «como súbditos» a pesar de que son estas las que tienen las competencias de tutela de los menores inmigrantes.

A ello, agrega, «se suma un hecho de extraordinaria gravedad: el Gobierno de España está incumpliendo un mandato del Tribunal Supremo, al negarse a atender a los 1.000 menores solicitantes de asilo cuya asistencia ha sido expresamente ordenada por dicho tribunal».

Un incumplimiento que, a juicio de la consejera, «no sólo evidencia una alarmante falta de respeto a la Justicia, sino también una profunda carencia de humanidad».

Además, censura que mientras se desatiende esta obligación judicial «se intenta imponer a las comunidades autónomas decisiones de gran impacto mediante una convocatoria que, además, infringe el artículo 17 del Reglamento de la Conferencia Sectorial».

«Las circunstancias alegadas no pueden considerarse ni sobrevenidas ni urgentes, al haberse producido hace más de un mes, coincidiendo con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley en cuestión», apostilla.

Por todo ello, le pide solicita formalmente que reconsidere esta convocatoria y proceda a su cancelación, dada su «evidente ilegalidad» y, amenaza, en caso contrario la Comunidad de Madrid «se verá obligada a emprender las acciones que correspondan».