Vista del pleno de la Asamblea de Madrid
Madrid revoluciona su normativa introduciendo fecha de caducidad en leyes y revisándolas cada cuatro años
La Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conocerá este miércoles el proyecto de decreto que establecerá una fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, así como la obligación de evaluar el resto de las normas cada cuatro años para comprobar su eficacia. Esta medida permitirá a los madrileños disponer de un marco jurídico actualizado, adaptado a sus necesidades y que les aporte mayor seguridad.
La iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año, establece la obligatoriedad de llevar a cabo al menos una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo. De este modo, se podrá verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si resulta necesario ajustarlas al contexto actual.
Este procedimiento incluye una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas, y concluirá con un informe elaborado por la consejería competente. El resto de criterios se fijarán en la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa.
Asimismo, establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo (con excepción de los decretos de estructura orgánica), así como de aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurrido los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ex post, se estime necesario mantenerlas.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año, desde la puesta en marcha del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos, con el objetivo de priorizar, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo.
Esta iniciativa responde al compromiso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de avanzar hacia una Administración más eficaz y orientada al ciudadano. La medida, que figuraba en el programa electoral de 2023, fue anunciada por la jefa del Ejecutivo autonómico en el último Debate sobre el Estado de la Región.
La medida incorpora, además, un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, siempre que hayan superado todos los controles y consultas pertinentes. Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única, y permitirá una reducción sustancial en los plazos de gestión.
La Comunidad de Madrid continuará avanzando en la reducción del exceso de regulación con el fin de impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos. El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas y e inversores.
